by Carlos García de Balzac
De acuerdo a cifras de las cámaras de comercio , tan solo en lo que va de 2025, en la Centro Histórico de la CDMX , se han registrado alrededor de 23 manifestaciones con afectaciones materiales que superan los 370 millones de pesos, especialmente en el Centro Histórico y los corredores comerciales y turísticos de mayor flujo a decir del presidente de CONCANACO Octavio de la Torre de Stéffano, quien además manifestó : “No se puede permitir que el derecho a manifestarse implique el derecho a destruir. Defender al comercio formal es defender empleos, inversión, y el patrimonio de miles de familias que viven con dignidad de su trabajo honesto.” A la par detallo : El impacto no solo es económico: es reputacional. Empresarios de otras entidades federativas ya han comenzado a apodar a la capital como “la ciudad borracha, porque siempre está tomada”, en referencia al hartazgo que genera una agenda pública rebasada por marchas que paralizan la actividad económica. Este apodo, aunque coloquial, revela un malestar profundo: la percepción de que en la CDMX el derecho a protestar se ejerce sin límite, sin orden y sin respeto por quienes todos los días intentan trabajar, vender o brindar un servicio. Asi mismo preciso el sector terciario —comercio, servicios y turismo— representa el 66% del PIB nacional, genera 7 de cada 10 empleos formales y está compuesto por más de 5.2 millones de unidades económicas. Atacar este ecosistema productivo es dañar el tejido social de México. Por su parte la Concanaco reiteró el llamado a las autoridades capitalinas para: 1.-Exonerar temporalmente del ISN a los negocios perjudicados por marchas y bloqueos. 2.-Implementar mecanismos eficientes de verificación, atención y compensación ante daños y pérdidas. 3 .- Garantizar el orden, la seguridad y el respeto al comercio formal durante manifestaciones. 4.- Regular el uso del espacio público, equilibrando el derecho a la protesta con el derecho al trabajo y al libre tránsito. 5.- No se trata de censurar la libre expresión, sino de garantizar que esta no se ejerza a costa del empleo, la inversión y la estabilidad de otros. La protesta sin orden es abandono institucional. No sin antes sentenciar : La Ciudad de México no puede resignarse a perder su vocación como capital económica, turística y de servicios por falta de autoridad o por permisividad excesiva. México necesita una capital fuerte, no una “ciudad tomada”. Asi las cosas en la capital del país, pero que dicen las autoridades federales, locales y estatales al respecto. Es decir la jefa de gobierno en la CDMX Clara Brugada Molina y en la alcaldía Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, al parecer ambas se echan la" bolita", pues marchas van y marchas vienen , colapsando no solo la actividad económica, sino lo que es peor, la movilidad en el transporte publico de miles de usuarios del SCT metro, metrobus, trolebus etc.
Congreso de CDMX aprueba investigación de gastos a Rojo de la Vega.
Luego de su reciente viaje a Madrid, España, la Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de la Contraloría General para que inicie una investigación sobre los gastos que realizó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, durante el citado viaje que realizó del 1 al 7 de julio, junto con al menos dos funcionarias de su equipo de trabajo, la víspera.
En tribuna, la diputada de Morena, Cecilia Vadillo Obregón, cuestionó que dentro de sus actividades la alcaldesa sostuvo reuniones con figuras de la derecha española, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien obtuvo el cargo en una coalición del Partido Popular, al que pertenece, con el ultraderechista Vox y Ciudadanos. Secundo es como un acto de “hipocresía, porque la alcaldesa de Cuauhtémoc acá se pone su paliacate y marcha con la bandera del feminismo, mientras va a pedir ideas a la ultraderecha española que se opone a la agenda de género en ese país”.- A la par recordó que como presidenta de la Comunidad de Madrid ha reducido presupuestos para acciones contra violencia de género y creó un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual, con lo que equiparó dicha conducta con la que se comete en contra de las mujeres, cuando ellas representan más del 80 por ciento de las víctimas. Así mismo Vadillo cuestionó el encuentro que la funcionaria tuvo con Angélica Rivera, ex cónyuge del ex presidente Enrique Peña Nieto, en lo que dijo fue una “pachanga”, en tanto que las dos funcionarias de la alcaldía, Xintli Mariana Gálvez Reyes y Mónica Patricia Godinez Montes, asesora y secretaria particular, “se la pasaron publicando en redes sus compras y comidas de lujo que hicieron en horario laboral”. Por su parte, y en defensa de Rojo de la Vega, legisladores del PAN señalaron que el viaje y los gastos de la alcaldesa fueron cubiertos por la Fundación Internacional para la Libertad, mientras que en el caso de Gálvez y Godinez, “tampoco viajaron con cargo al erario, solicitaron vacaciones como es derecho de todo trabajador”. Por lo que a partir de dichos señalamientos, la diputada Brenda Ruiz Aguilar, de Morena, su compañero de bancada Víctor Hugo Lobo Rodríguez, y el diputado del PVEM, Juan Rubio Gualioto, evidenciaron posibles violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Trabajo, en el primer caso, al haber incurrido en un posible acto de cohecho, considerada una falta administrativa grave, por haber aceptado y obtenido un beneficio no comprendido en su remuneración como servidora pública, inclusive mediante donaciones y servicios, previsto en el artículo 51 de la ley. En el segundo caso, al haber autorizado vacaciones para Gálvez y Godínez, contra lo que señala la Ley Federal del Trabajo en el artículo 81, donde se señala que las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año de servicio, en el caso de ambas, no ha transcurrido ni diez meses. En sus resolutivos, el punto se limitaba a pedir a la alcaldesa que presentara informes de dicho viaje, pero ante los datos aportados por los panistas, Ruiz Aguilar, propuso modificar uno de ellos para dirigirlo a la Secretaría de la Contraloría General. Al final la presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila Ventura, también de Morena, hizo uso también de la tribuna para presentar un posicionamiento con “un llamado a la sensatez, porque gobernar es una alta función de responsabilidad, de seriedad y de compromiso con la ciudadanía con la que se gobierna. No es políticamente aceptable la frivolidad ni la ligereza con la que se pretende desempeñar la función pública”, concluyeron.
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