Carga Fiscal al Espectro: Encarecimiento para los que Menos Tienen

 

Ernesto Piedras

El espectro radioeléctrico es el insumo esencial por el que viajan nuestra voz y datos de las telecomunicaciones. Aun transcurriendo la pandemia, tenemos clara su esencialidad para dotar de continuidad y ubicuidad en la realización por parte de toda nuestra sociedad de actividades diversas de comunicación, productividad, educación, entretenimiento, culturales, seguridad, entre otras.
 

La disponibilidad y asequibilidad de la conectividad plena enfrenta hoy barreras económicas, resultantes de los ya elevados y aún crecientes costos por la asignación y uso del espectro, sin parangón en perspectiva internacional.
 

Es precisamente esta onerosa política fiscal relativa al referido recurso esencial, que presiona al alza la estructura de costos de los servicios móviles, y consecuentemente a los precios de los servicios a los consumidores, que a la fecha se han logrado mantener con cierta estabilidad.
 

Trayectoria de Costos del Espectro y Precios de los Servicios. Entre enero de 2015 y diciembre de 2017, los precios absolutos de los servicios móviles descendieron 30%, medidos por el INPC en su componente de telefonía móvil. Esta caída derivó de la entrada en vigor del marco normativo de preponderancia, que incluye la regulación de tarifas de interconexión, componente relevante en la estructura de costos de los operadores, y que resultó en su descenso y también de los precios de los servicios.
 

No obstante, desde 2018 las telecomunicaciones móviles enfrentan presiones alcistas de precios por la decisión de reducir la asimetría de tarifas de interconexión, y por la creciente trayectoria de los precios generales de la economía.
 

Pero sobre todo, el principal factor encarecedor ha resultado ser el incremento de costos del espectro radioeléctrico.
 

Esto ha resultado en una virtual rigidez de precios, al descender tan sólo 1.1%, en el mes de enero de 2018 y mayo de 2022. Es decir, los operadores móviles no sólo han mantenido, sino incluso logrado reducir sus precios, en un contexto de costos crecientes.
 

Efectivamente, los precios del espectro se dispararon 34.7% entre 2015 y 2022, con la lógica de la autoridad fiscal de prácticamente igualarla a la inflación de la economía en su conjunto (38.7%).
 

Inflación de Costos por el Espectro. El INEGI informó que en la primera quincena de agosto la inflación anual alcanzó su nivel más alto desde el año 2000 (8.7%), acumulando así 35 quincenas consecutivas de superar el objetivo del Banco de México de mantener una tasa de 3%, más/menos un punto porcentual.
 

A partir de ello, se vislumbra un ajuste de precios del espectro de similar magnitud durante la definición del próximo paquete económico para 2023, el máximo registrado en la última década, como ha sucedido cada año y de acuerdo con lo establecido por el artículo 1º de la Ley Federal de Derechos.
 

La propuesta previsible de la SHCP, si bien no resulta específicamente en la creación de un nuevo impuesto, como prometió no hacerlo en su campaña electoral el hoy presidente, pero representa un importante incremento en la carga fiscal de los operadores móviles, al tratarse del pago de derechos destinados al erario.
 

Esta última eleva aún más las barreras a la consecución del objetivo constitucional de alcanzar el pleno acceso de las telecomunicaciones, al encarecer los costos y, consecuentemente, los precios de estos servicios.
 

En términos claramente regresivos, ello impactará en mayor magnitud a los mexicanos en la base de la pirámide, quienes tienen en la conectividad móvil su principal vía de acceso a internet.
 

Por lo anterior, se insta a que la autoridad hacendaria opte este año por una política espectral de incentivos al despliegue de la conectividad y exceptúe el alza de precios del espectro, dejando atrás su actual objetivo meramente recaudatorio.
 

Una decisión por esa vía resultaría acorde con precedentes normativos que se han establecido para determinados casos y en situaciones temporales, en donde se establece un factor distinto o bien no se aplica ninguna actualización.
 

De no hacerlo de esta manera, se vislumbra un alza en el costo de los derechos que se traduciría en un incremento de precios, especialmente para aquellos que menos tienen.