Necesario romper círculo vicioso de violencia e impunidad contra mujeres, señala Sánchez Cordero.

• Jueces, fiscales y ministerios públicos deben actuar con un sentido progresista para erradicar agresiones contra niñas y adolescentes, considera la presidenta del Senado 
  
   

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a jueces, fiscales y ministerios públicos para “romper el círculo vicioso de la exclusión, la violencia y la impunidad” en contra de las mujeres.   

 

Durante el foro “La normatividad como herramienta estratégica para la igualdad de género”, Sánchez Cordero destacó que la correcta aplicación de las leyes es lo que hace la diferencia en la vida de las mujeres y de las niñas, por lo que pidió a quienes las aplican actuar con sensibilidad, sin indecisión y sin corrupción. 

 

Sostuvo que el trabajo de jueces, fiscales y ministerios públicos debe ser progresista y poner en el centro a la persona para que sus resoluciones, sentencias e investigaciones permitan acabar con la impunidad en las agresiones contra niñas y adolescentes. 

 

Toda persona debe ser responsable de la impartición, asentó, por lo que la impartición de justicia debe estar bajo un escrutinio público constantemente, ya que es dónde existen “las trabas” que evitan la igualdad: 

 

“Hay que romper el círculo vicioso de la exclusión, la violencia y la impunidad”, expresó la presidenta del Senado de la República.  

 

Dijo que mantener el respeto irrestricto a la dignidad humana y devolverla a quienes les ha sido negada, es la razón de ser del Estado, aseveró la legisladora. “La defensa de la dignidad de las mujeres y de las niñas, dignifica al Estado mismo, no solamente las dignifica a ellas, sino al Estado mismo”. 

 

Además, subrayó la importancia de que la sociedad debe apropiarse de las leyes, pero especialmente los operadores jurídicos de los tres órdenes de gobierno, pues “una auténtica cultura jurídica será la que fomente y permita, bajo el ejemplo de toda autoridad, una adecuada, efectiva y decidida aplicación de las normas. 

 

Sánchez Cordero aseveró que la ley debe proteger a todas y a todos, pero, especialmente, a las personas más vulnerable, enfrenta condiciones de desigualdad e históricamente se ha visto en desventaja. “Las mujeres y las niñas hemos padecido diversos escenarios de discriminación, de exclusión, de violencia”, advirtió. 

 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, puntualizó la urgencia de construir un marco legal, en el que se cuestionen las formas en que se manifiesta el sexismo y la discriminación. 

 

En este sentido, dijo que la reforma al artículo 4º de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres abona a la construcción integral de protección y garantía de las niñas y adolescentes. 

 

Consideró que, a partir de la supletoriedad de las leyes, se contribuye a la tutela de los derechos humanos de las mujeres y se reconoce que el Estado mexicano debe realizar las acciones necesarias para garantizar su protección más amplia. 

 

En el Senado, precisó, trabajamos con esa finalidad, porque tenemos la convicción ética y política de que la causa de las mujeres y las niñas es justa, y contribuye a la construcción de una sociedad libre, justa, democrática e igualitaria 

 

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, destacó la labor del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad), el cual promueve la formación de un Federalismo, que trabaje coordinadamente para garantizar los derechos de todas las mujeres y las niñas de México. 

 

Este programa prevé acciones puntuales para avanzar en la igualdad de género e identifica las principales temáticas de armonización legislativa, afirmó. El Poder Legislativo, en tanto, debe ver al Proigualdad como un instrumento base, para guiar su trabajo e impulsar la progresividad de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Patricia Salazar Marroquín, alcaldesa de Allende, Nuevo León, llamó a continuar la lucha por una legislación que propicie una sociedad más equilibrada y con un futuro en el que se encuentren integrados los intereses de hombres y mujeres.