- No existe evidencia o materia probatoria para que se le aplique la prisión preventiva al diputado federal electo, señalan
Integrantes de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en el estado de Veracruz, la cual preside el senador Dante Delgado, denunciaron ahora el caso del diputado federal electo, Rogelio Franco Castán, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad.
En conferencia de prensa, la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD; y el presidente de la Comisión, Dante Delgado, indicaron que este caso se suma al del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, y al de un sinfín de veracruzanos.
Por ello, el senador Dante Delgado hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe conforme a derecho en éste y en los más de 50 casos que la Comisión Especial ha documentado. En el caso de Franco Castán, puntualizó, se trata de un caso más evidente, pues se trata de un personaje de la vida pública del estado.
Advirtió que se trata de un procedimiento al margen de la Ley donde se utilizó el poder público para agraviar a un personaje notorio de la lucha política del estado de Veracruz y que tiene una dimensión importante.
Todos los casos serán claramente documentados, reiteró, pues no se trata de agravar o incomodar a ninguna institución sino impedir que haya violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos de la ciudadanía de la entidad.
Cabe recordar que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, ha emprendido una batalla contra este tipo penal, pues considera que se está instrumentado para legitimar el abuso de autoridad en contra de las y los ciudadanos de Veracruz.
Por ello, en múltiples ocasiones ha pedido que la legislación de un delito no institucionalice el abuso de autoridad ni le dé elementos legales al Estado para vulnerar la libertad y seguridad de sus ciudadanos.
En este sentido, Dante Delgado señaló que se trata de un delito que tiene una “dimensión pervertida”, por lo que es inconstitucional. Es una acción regresiva y autoritaria, asentó, porque basta con que una persona diga que fue ultrajada, sin tener ninguna evidencia, para ser detenido con prisión preventiva.
El senador Mancera Espinosa informó que hay referencias, en los casos que les han llegado, donde el ultraje a la autoridad se sustenta en casos extremos como un jaloneo. “Increíblemente un delito de esta poca monta, llevó a prisiones justificadas, como en el caso de nuestro compañero Franco”, denunció.
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