En el marco del lanzamiento del Registro Nacional de Detenciones que se pondrá en marcha este sábado 23 de noviembre, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, expresó que esta herramienta va a ser un gran activo para la justicia mexicana y derechos humanos, y así evitar casos de abuso de carácter policial o desaparición forzada.
En representación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, Ricardo Mejía señaló que el Registro representa un enorme reto logístico de las fuerzas de seguridad, y una decisión firme de este gobierno con un consenso legislativo para atender los problemas policiales de fondo.
En su intervención, el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del SNSP, David Pérez Esparza, uno de los impulsores de este proyecto, añadió que esta herramienta no es una base de datos cualquiera, ya que poder consultar en tiempo real quién, cómo, cuándo y por qué fue detenida una persona, además de saber a dónde fue llevada, es histórico para este país.
También destacó que mediante el Registro Nacional de Detenciones se podrá obtener un certificado digital en tiempo real sobre la búsqueda de un detenido y explicó que los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación de este Registro fueron publicados el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, además de expresar que tras las acciones implementadas y las pruebas piloto, la SSPC está lista para arrancar uno de los grandes programas de este gobierno.
Por su parte, la secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Bertha Alcalde Luján, destacó la contribución del registro en materia de prevención de violaciones a derechos humanos, actos de tortura y desaparición forzada, así como el fortalecimiento de los mecanismos de interconexión de bases de datos e información, que podrá ser utilizada en labores de inteligencia, análisis, estadística, investigación, etc.
A su vez, el titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, indicó que se realizaron pruebas de vulnerabilidades, así como de carga cumpliendo con los estándares de seguridad. También señaló que se concluyó con el alta masiva de usuarios, que son más de 500 mil policías y ministerios públicos, autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo al personal de la Guardia Nacional.
Cabe señalar que el Registro Nacional de Detenciones cuenta con un portal web que estará disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, en el cual aproximadamente medio millón de policías y ministerios públicos de todo el país deberán registrar todas y cada una de las detenciones efectuadas, prácticamente en tiempo real. Este portal web será de acceso exclusivo para los integrantes de la Guardia Nacional, los policías estatales y municipales, así como los ministerios públicos.
Por otra parte, existirá un segundo portal web (https://consultasdetenciones.
Tras el lanzamiento se llevó a cabo un panel con especialistas, donde se contó con la presencia de Ana Echeverri y Markus Gottsbacher, de UNODC; Juan Salgado Ibarra, de World Justicie Project (WJP); Blanca Ivonne Olvera, del Instituto Nacional de Ciencias Penales; entre otras autoridades.
En representación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, Ricardo Mejía señaló que el Registro representa un enorme reto logístico de las fuerzas de seguridad, y una decisión firme de este gobierno con un consenso legislativo para atender los problemas policiales de fondo.
En su intervención, el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del SNSP, David Pérez Esparza, uno de los impulsores de este proyecto, añadió que esta herramienta no es una base de datos cualquiera, ya que poder consultar en tiempo real quién, cómo, cuándo y por qué fue detenida una persona, además de saber a dónde fue llevada, es histórico para este país.
También destacó que mediante el Registro Nacional de Detenciones se podrá obtener un certificado digital en tiempo real sobre la búsqueda de un detenido y explicó que los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación de este Registro fueron publicados el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, además de expresar que tras las acciones implementadas y las pruebas piloto, la SSPC está lista para arrancar uno de los grandes programas de este gobierno.
Por su parte, la secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Bertha Alcalde Luján, destacó la contribución del registro en materia de prevención de violaciones a derechos humanos, actos de tortura y desaparición forzada, así como el fortalecimiento de los mecanismos de interconexión de bases de datos e información, que podrá ser utilizada en labores de inteligencia, análisis, estadística, investigación, etc.
A su vez, el titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, indicó que se realizaron pruebas de vulnerabilidades, así como de carga cumpliendo con los estándares de seguridad. También señaló que se concluyó con el alta masiva de usuarios, que son más de 500 mil policías y ministerios públicos, autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo al personal de la Guardia Nacional.
Cabe señalar que el Registro Nacional de Detenciones cuenta con un portal web que estará disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, en el cual aproximadamente medio millón de policías y ministerios públicos de todo el país deberán registrar todas y cada una de las detenciones efectuadas, prácticamente en tiempo real. Este portal web será de acceso exclusivo para los integrantes de la Guardia Nacional, los policías estatales y municipales, así como los ministerios públicos.
Por otra parte, existirá un segundo portal web (https://consultasdetenciones.
Tras el lanzamiento se llevó a cabo un panel con especialistas, donde se contó con la presencia de Ana Echeverri y Markus Gottsbacher, de UNODC; Juan Salgado Ibarra, de World Justicie Project (WJP); Blanca Ivonne Olvera, del Instituto Nacional de Ciencias Penales; entre otras autoridades.
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