Contra la corrupción: Protección y Recompensa a los Alertadores

Raúl Rojas
Freie Universität Berlin

Acabar con la corrupción y con la inseguridad: esos son los dos clamores
fundamentales de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones en
México. Un gobernador tras otro va a parar a la cárcel al concluir su
sexenio, pero esa es solo la punta del iceberg de la corrupción pública,
además de que rara vez se recuperan los recursos desviados de los
presupuestos municipales, de los Estados, o del federal.

Para combatir la corrupción de manera más efectiva, un grupo de personas
afines proponemos que se adopte en México una ley similar a la que existe
en otros países, y que en esencia protege e incluso recompensa a los
alertadores de actos de corrupción. En Estados Unidos se les llama
“whistleblowers” (es decir, los que dan el silbatazo): Si alguna persona
tiene conocimiento de un acto de corrupción, que puede ser la venta de
productos o servicios al gobierno a precios fraudulentos, o bien del robo
y desvió de recursos presupuestales, esa persona puede alertar a las
autoridades de fiscalización y queda protegida automáticamente contra
actos de represalia y amenazas de despido, mientras se investiga la
denuncia. Y no solo eso: si se logra recuperar el botín, la persona que
dio la alerta se hace merecedora a una recompensa, es decir un cierto
porcentaje de lo robado. Nosotros proponemos que para México ese
porcentaje sea del 10%.

Partimos de la certeza de que la corrupción estatal requiere de una cadena
de participantes. El gobernador que roba del presupuesto cuenta con la
complicidad del tesorero, y éste a su vez con la de funcionarios menores y
operadores directos de las transacciones, etc. A estas cadenas de
corrupción hay que romperlas por el eslabón más débil, es decir haciendo
posible que cualquier persona con conocimiento del fraude lo pueda
denunciar para recibir así una recompensa. Si quien denuncia es un
empleado que detecta el fraude, queda protegido automáticamente y no debe
temer represalias. Se puede tratar, incluso, de uno de los eslabones de la
cadena, quién percibe de pronto un incentivo económico legal que lo puede
inducir a traicionar al resto de sus cómplices. Para el gobernador, o
Secretario de Estado, que no puede estar seguro ya de la fidelidad en
connivencia de sus aliados, se hace muy difícil confiar en que la cadena
no se vaya a resquebrajar en cualquier momento.

En Estados Unidos existen leyes de protección a los alertadores desde hace
décadas y además una ley de recompensa (“False Claims Act”) ¡desde hace
más de 150 años! Ésta, que a veces se le llama “Ley Lincoln”, tuvo que ser
promulgada por la corrupción rampante en aquel país durante y después de
la Guerra Civil. Contratistas gubernamentales estaban estafando al
gobierno federal, claro que apoyados en funcionarios corruptos. Para
proteger al presupuesto estatal, el Presidente Abraham Lincoln logró pasar
esa ley que básicamente otorga una recompensa a quién se atreve denunciar
un acto de corrupción que conduzca a recuperar todo o parte del botín
apropiado por funcionarios o particulares corruptos.

¿Qué logra una ley así? Precisamente que cada ciudadano se convierta en un
fiscalizador de la acción gubernamental. Claro que las denuncias deben ir
acompañadas de pruebas de los actos señalados, para evitar denuncias
falsas. Pero ese tipo de leyes sí que funciona: más del 70% de los juicios
realizados en estados Unidos contra defraudadores del Estado, han tenido
su origen en la “False Claims Act”. En los últimos 20 años se han
recuperado así miles de millones de dólares estafados a la hacienda
pública.

Quizás el ejemplo más relevante de que las leyes de protección y
recompensa a los alertadores funcionan, es que el Grupo de los Veinte (al
que pertenece México) aprobó en 2012 trabajar en este sentido. Entre los
acuerdos del Grupo, en la reunión realizada en Los Cabos (en México, ni
más ni menos), figura el siguiente:

“Los países del Grupo de los Veinte que no tienen leyes de protección a
los alertadores crearán e implementarán reglas para protegerlos, siguiendo
los principios propuestos en el Grupo de Trabajo Anticorrupción (…) para
asegurar que aquellos que señalan actos de corrupción, incluidos los
periodistas, puedan ejercer su función sin ser reprimidos y protegiéndolos
contra amenazas de acciones legales gubernamentales o privadas, cuando la
denuncia se ha hecho de buena fe”.

Desde 2012 seguimos esperando esas leyes. La “Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción”, promulgada por el actual gobierno, sólo prevé la
existencia de un sistema de captura de denuncias, pero no protege al
denunciante ni especifica recompensa alguna. Es una ley sin garras ni
colmillos.

Algunos amigos, aunque están de acuerdo con el sentido de nuestra
propuesta, deploran que haya que ofrecer una recompensa para estimular las
denuncias anticorrupción. Nuestra respuesta es que la experiencia en
Estados Unidos muestra que precisamente la recompensa económica es un
aliciente muy potente para romper las cadenas de corrupción y complicidad.
Si se pudiera recuperar el 90% de lo robado, ahora que no logramos
recuperar ni el 5%, habríamos dado un paso importante. Esto presupone que
las autoridades de fiscalización harán su trabajo y procesarán a los
delincuentes.

No podemos esperar a que la corrupción en México se resuelva como un
problema “cultural”, quizás educando al estafador. No podemos esperar a
que los gobernantes se vuelvan virtuosos por convicción republicana. La
corrupción no se va a acabar con un “ejemplo” de arriba hacia abajo, la
corrupción se combate de abajo hacia arriba. Hay que poner a los
funcionarios bajo la lupa y si precisamente el Grupo de los Veinte
considera que leyes de protección a los alertadores son necesarias, pues
hay que dar ese paso en México ¡hoy, hoy, hoy!