- Emplazan a la Cámara de Diputados a dictaminar las iniciativas antes del próximo periodo ordinario de sesiones.
- Las iniciativas del Presidente no son una concesión, son una obligación, aseguran.
- Quedan pendientes asuntos en materia de salud, educación y migración, entre otros, relacionados con la diversidad sexual, señalan.
El Movimiento por la Igualdad en México (MOViiMX), integrado por organizaciones de la sociedad civil y activistas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) anunciaron una defensa nacional de la iniciativas para reformar la constitución y el código civil federal con la intención de reconocer el matrimonio igualitario en todo el país.
En conferencia de Prensa, Jaime Morales, de la agrupación Familias Diversas, señaló que los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están obligados a cumplir con el principio de igualdad y no discriminación, y asumir las responsabilidades internacionales al respecto de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para que ninguna persona por condición alguna, sea discriminada.
En conferencia de Prensa, Jaime Morales, de la agrupación Familias Diversas, señaló que los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están obligados a cumplir con el principio de igualdad y no discriminación, y asumir las responsabilidades internacionales al respecto de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para que ninguna persona por condición alguna, sea discriminada.
En tanto, Myriam Brito de la organización comunitaria Opción Bisexual, reivindicó las iniciativas de reformas que anunció Peña Nieto el pasado 17 de mayo: “Hemos dado una larga lucha por generaciones, por esos derechos, por la igualdad, la libertad y la justicia”, señaló
Aclaró que dichas reformas no pueden ser vistas como una amable concesión del gobierno en turno, sino que son parte de sus obligaciones para combatir la discriminación y generar las condiciones jurídicas de igualdad.
Por su parte, la abogada Olivia Rubio demandó al Congreso de la Unión que el movimiento de la diversidad sexual sea incluido en la discusión y dictaminación de las iniciativas presidenciales con el objetivo de perfeccionarlas ya que, por ejemplo, utiliza el término de “preferencias sexuales” cuando debe ser “orientación sexual” según instrumentos internacionales, además de otras mejoras jurídicas que pueden tener las reformas.
Asimismo, Alejandra Ruiz Sierra, del Congreso Nacional LGBT que agrupa a organizaciones no gubernamentales y activistas de toda la República, llamó a defender la iniciativa de reforma al artículo 4o constitucional cuando ésta transite por los Congresos estatales, donde los sectores conservadores han mostrado gran resistencia.
“Las asociaciones civiles y activistas de todo el país tendrán una participación sumamente importante en cada estado ya que ellos serán los encargados de vigilar que la reforma se aplique de manera eficiente, sin problemas y discriminación alguna”, dijo.
“Las asociaciones civiles y activistas de todo el país tendrán una participación sumamente importante en cada estado ya que ellos serán los encargados de vigilar que la reforma se aplique de manera eficiente, sin problemas y discriminación alguna”, dijo.
Por su parte, Jéssica Marjane, en voz de la población transexual, transgénero, travesti e intersexual, aseguró que el matrimonio igualitario no es la única causa del movimiento LGBTI sino que también quedan pendientes asuntos en materia de salud, educación, migración, identidad, entre otros.
Finalmente, el actor y activista, Felipe Nájera, emplazó a la Cámara de Diputados para que sea antes del próximo periodo ordinario de sesiones que los legisladores dictaminen las iniciativas, previa consulta e inclusión a las organizaciones de la sociedad civil.
Al referirse a la reacción de sectores conservadores frente al matrimonio igualitario, Nájera aseguró que: “Cuando los derechos humanos sólo pueden ser ejercidos por algunas cuantas personas, no es posible denominarlos derechos humanos, a estos se les denomina privilegios”.
“No se legisla con una Biblia en la mano, respetamos sus creencias, pero exigimos, en este ejercicio legislativo, respeto a la laicidad de nuestro Estado, así que, trabajen con una constitución y respeten los preceptos que de ella emanan”, demandó.
