- El sector de servicios inmobiliarios es prioritario para la Cofece debido a su contribución al crecimiento económico de México e impacto al bienestar de los hogares.
- Dentro del sector inmobiliario destacan los servicios de comercialización de anuncios o avisos inmobiliarios clasificados.
De acuerdo con el Sistema de Cuentas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, la construcción y los servicios inmobiliarios representaron 17.7% del Producto Interno Bruto, y entre 2017 y 2020, los servicios inmobiliarios crecieron un 5.5%. Debido a su importancia para la economía nacional y su impacto en el bienestar de la población, este sector se definió como uno de los prioritarios para la Comisión en su Plan Estratégico 2022-2025 y por ello se mantiene una constante vigilancia de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en este.
Esta investigación (expediente IO-001-2023) no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, pues hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normativa en materia de competencia económica. Si al término de la investigación se encuentran elementos que presuman una violación a la LFCE, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa y manifestar lo que a su derecho convenga.
La Autoridad Investigadora exhorta a toda aquella persona u organización vinculada al mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional, a que, si conoce o tiene información que pueda ser relevante para esta investigación, la presente ante esta Comisión.
De comprobarse la realización de una conducta anticompetitiva, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados hasta por el 8% de sus ingresos y podría ordenarse la desconcentración total o parcial de la posible concentración ilícita. Por su parte, los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil UMA.
Con estas acciones, la Comisión refrenda su compromiso en sancionar e inhibir prácticas que atenten la economía nacional y el bienestar de la población, garantizando la libre competencia y concurrencia en los mercados.
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