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miércoles, 20 de marzo de 2019


  1. Llama Jesusa Rodríguez a no dejar su venta a transnacionales adictas al dinero.


Estamos ante la inminencia que se regule la cannabis. Queremos, que ya para octubre, esté ya regularizado su uso y consumo con fines científicos y medicinales.

Así lo señaló, la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, al inaugurar el “Foro Marihuana México”, donde destacó que nuestro país puede llegar a ser líder mundial en la comercialización de la planta. Requerimos, dijo, que la ley tenga una perspectiva de justicia social. Sería un gran error dejarla en manos de las transnacionales tabacaleras o del alcohol.

En este sentido, la legisladora de Morena señaló que la ley permitirá que las utilidades por la venta de cannabis, redunden en beneficio de nuestro pueblo y no de las transnacionales adictas al dinero.


“Tenemos que aprovechar los aciertos. No cometer los errores de otros países, que ya la regulan. Queremos oír a toda la gente, hacer una legislación con justicia social, que integre las propuestas de la comunidad y de la cultura cannabica”, manifestó.

Jesusa Rodríguez indicó que se debe ser muy cuidadoso con la elaboración de esta ley. Debemos proteger a los campesinos que tradicionalmente la han cultivado y son criminalizados por una prohibición absurda, que solo ha beneficiado a comerciantes y narcotraficantes.

La importancia de estos foros, agregó, es escuchar lo que tenga que decir la sociedad.  Queremos un Parlamento Abierto para que haya justicia social.

En ello coincidió a su vez la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera.


Queremos una ley que le sirva al país. Que todos quienes la consumen no sean criminalizados. Es momento de legalizarla. Debemos ayudar a los productores del campo para que no sean utilizados, perseguidos y encarcelados, subrayó.

Rivera Rivera reconoció que la creación de leyes no es cosa de unos cuantos. Este foro es para oírlos.

Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud afirmó, por su parte, que es momento de definir cuál será el marco legal para el uso lúdico de la cannabis. Tenemos hasta los últimos días de octubre, dijo.

“Hemos hecho una ruta con diferentes vertientes. Consideramos que habremos de llegar al proceso de foros antes de que finalice este periodo legislativo, y dar paso conjuntamente con otras comisiones, a la creación del marco legal apegado a lo que ustedes opinan.

En su oportunidad, el antropólogo Julio Glodkner Rossainz, aseveró que el punto central en el uso y control de la marihuana, tiene que ver con el derecho de todo individuo a modificar su percepción y estado de ánimo.

La responsabilidad del Estado debe consistir en no prohibir y castigar, como hasta ahora, con los resultados desastrosos que hemos presenciado: una montaña de cadáveres, niños huérfanos y familias destrozadas, abundó.

La decisión que ha tomado el Senado de la República al organizar este evento, apunta notablemente en otra dirección. “Confío que esta práctica se multiplique en más diálogos reflexivos que nos permitan salir del atolladero criminal en el que estamos.

En el foro participaron diversos especialistas, académicos, médicos, y representantes de la sociedad civil, quienes debatieron y aportaron puntos de vista encaminados hacia la legalización de la cannabis.

Previo al evento, la senadora Jesusa Rodríguez inauguró la muestra “Cáñamo Shop-Museo del cáñamo, donde aseguró que el comercio de este producto puede sacar a los campesinos de la pobreza extrema que viven.

Ven para octubre la regularización del uso de marihuana con fines científicos y medicinales

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lunes, 11 de marzo de 2019



  • El impulso a la política social, otro símbolo de distinción, asevera.

     
El presidente del Senado de la República, Martí Batres, dijo que a cien días del nuevo gobierno el balance es positivo, pues a la par de la lucha contra los privilegios y el rescate patrimonial del Estado, se impulsa una política social amplia que atiende de manera especial a los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Consideró que los consensos alcanzados en la aprobación de la Guardia Nacional deben repetirse en temas como la eliminación del fuero, las modificaciones en materia de consulta popular, la revocación de mandato o la reforma educativa.

El legislador agregó que las reformas para eliminar el fuero a servidores públicos es un asunto fundamental. Recordó que hay una minuta de la Cámara de Diputados, diversas iniciativas e interés del Gobierno de la República para retomar esta discusión en el Congreso.

Batres Guadarrama fue interrogado por reporteros momentos antes de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentara su informe con motivo de los primeros cien días de gobierno.

Agregó que entre otros pendientes en los que “sería deseable” el acuerdo de todas las fuerzas políticas está una reforma laboral “progresiva” y la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos del Estado.

El presidente de la Mesa Directiva expresó que en todo proceso de cambio existen resistencias y en este sentido “hay todavía inercias en la defensa de ciertos privilegios” que se tienen que vencer para avanzar en el proyecto de transformación.

Consideró que una vez que entren en vigor la Guardia Nacional, el nuevo catálogo delitos graves, la figura de la extinción de dominio y la nueva estrategia de seguridad pública, “deben darse resultados lo antes posible” en materia de seguridad pública.


Destaca Martí Batres lucha contra privilegios y rescate patrimonial del Estado, en los primeros cien días de gobierno

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jueves, 7 de marzo de 2019



  1. Estarán obligados a establecer las especificaciones de los sitios de residuos sólidos urbanos

     
Aprueba el Senado con 105 votos en lo general y particular, el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía, (LGPGIR).

Las reformas establecen nuevas atribuciones a la Federación y a las entidades federativas, donde el Gobierno Federal deberá expedir las normas oficiales mexicanas necesarias para establecer las especificaciones que deberán cumplir los sitios de disposición final para los residuos sólidos urbanos (RSU) para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía.

Al presentar el dictamen, la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, señaló que la actual legislación no contempla expresamente que los municipios aprovechen los RSU para la generación de energía. “La posibilidad de aprovecharlos, debe corresponder también a los municipios para hacer efectivas las funciones de las realidades y capacidades que tienen”, determinó.

Mencionó que con este esquema de competencia se da intervención a los tres órdenes de gobierno, de manera diferenciada, en estricto respeto a sus responsabilidades.

Comentó que la mayor parte de la basura no es procesada por falta de una gestión integral de residuos, por lo que celebró que la mayoría en el Senado esté en favor de tratar este tipo de temas, y llamó al Pleno a trabajar en favor de dictaminar otras iniciativas similares que son analizadas en comisiones.

Por su parte, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, aseveró que el dictamen garantiza el respeto al ámbito de competencia de los gobiernos municipales en materia de RSU. “Son los municipios los encargados de los servicios públicos de limpia, recolección, traslado y tratamiento de los residuos”, dijo.

Israel Zamora, del PVEM, expuso que los habitantes de la Ciudad de México generan 13 mil toneladas de residuos sólidos al día. En ese sentido, dijo que con esta reforma se fortalece la visión nacional de consolidar una gestión sustentable de residuos, y permitirá transitar de un esquema tradicional , a un manejo de economía circular.

En sus disposiciones transitorias el decreto establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En un plazo máximo de 365 días naturales el Poder Ejecutivo Federal deberá publicar las normas oficiales mexicanas que establezcan las especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía.

Y que en un plazo máximo de 365 días naturales, los Congresos de las entidades federativas armonizarán las legislaciones de su competencia en materia de residuos con su contenido.

El proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 7, adiciona una fracción al artículo 9 y reformar la fracción 11 1 del artículo 10 de la LGPGIR, fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Nuevas atribuciones a Federación, estados y municipios, en el proceso de transformar la basura en energía

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martes, 5 de marzo de 2019


  1. La sociedad exige cambiar impunidad por justicia, dijo.    

Yasmín Esquivel Mossa, integrante de la terna enviada por el Ejecutivo Federal al Senado Cde la República para designar una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue la primera en comparecer ante la Comisión de Justicia, para ocupar la vacante de la ahora ex ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

El senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la comisión, informó que como parte del Parlamento Abierto, recibieron más de 100 preguntas para cada aspirante, realizadas por la sociedad civil.

La primera en exponer su plan de trabajo fue Yasmín Esquivel. Dijo que no tiene ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte su independencia como juzgadora. Añadió que la objetividad e imparcialidad son indispensables para que las instituciones de la República funcionen adecuadamente.

En caso de ser designada, se comprometió a que la SCJN garantizará los derechos de los mexicanos. Asimismo, refirió que dicha instancia debe dictar resoluciones apegadas a derecho, tomando —en su caso— los principios de convencionalidad y progresividad. 
 
Consideró que el país está esperanzado en una nueva forma de impartición justicia en todos los niveles. La sociedad actual exige cambiar la impunidad por la justicia y la corrupción por la rectitud, señaló.

“Los ciudadanos exigen un Estado de Derecho donde sean desterradas la corrupción y la impunidad”, sostuvo. Dijo que el Poder Judicial tiene el desafío de fortalecer su independencia, transparencia e inmediatez, además de buscar mayor austeridad en el uso de sus recursos. La independencia debe basarse en la separación de simpatías ideológicas, subrayó. 

En la ronda de preguntas participaron los senadores Geovanna Bañuelos, del PT, Miguel Ángel Mancera y Omar Obed Maceda, del PRD; Indira Rosales, Xóchitl Gálvez, Guadalupe Murguía y Damián Zepeda, del PAN; Cristóbal Arias y Cruz Pérez, de Morena; Eduardo Murat, del PVEM; y Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Preguntaron sobre el recorte de recursos a estancias infantiles, la acción de inconstitucionalidad planteada en la SCJN por la Ley de Remuneraciones y sobre la posibilidad de legislar sobre la maternidad subrogada.

Sobre las instancias infantiles, Esquivel contestó que son una necesidad para el cuidado, desarrollo, integridad y seguridad física de los menores. No es lo mismo que sean cuidados por los familiares.

De los salarios, dijo estar en contra que se pretenda someter a un Poder del Estado en las remuneraciones económicas. En el caso de la maternidad subrogada, consideró que debe haber un debate nacional y crear un comité de ética que evalúe tal posibilidad.

Ofrece Yasmín Esquivel objetividad e imparcialidad si es electa para la Corte

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jueves, 28 de febrero de 2019


Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una reforma para que las cámaras empresariales promuevan entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota presentó el dictamen que adiciona una fracción al artículo séptimo de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Se trata, dijo la legisladora del PRI, de establecer estrategias para erradicar “este mal.

Consideró que no sólo en el sector público debe impulsarse la calidad ética y moral de los servidores públicos. Estos mismos valores, asentó, también tienen que promoverse en la iniciativa privada.
 
Para abatir la corrupción, expresó, se requiere “que ya no haya más quien ofrezca, pero también que ya no haya más quien pida”.

El senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía, dijo que la aprobación de este proyecto, enviado por la Cámara de Diputados respalda el compromiso que hicieron ayer miércoles el Presidente de la República y el Consejo Coordinador Empresarial para combatir este flagelo.

No sólo se trata de invertir, generar empleos, crecer al cuatro por ciento. También tenemos que avanzar en la erradicación de la pobreza y la corrupción, abundó.

El proyecto de decreto, aprobado con 100 votos, fue enviado al Ejecutivo Federal.

Piden que la iniciativa privada promueva principios éticos para evitar corrupción

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miércoles, 27 de febrero de 2019


  • En México se lleva cabo un proceso para ampliar y profundizar la democracia, asegura.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, afirmó que en México se lleva cabo un proceso para profundizar la democracia y, en este contexto, aseguró que no están en riesgo los órganos autónomos, “que sí representan un contrapeso y obedecen a espacios de decisiones de la sociedad”.

De esta forma, Batres Guadarrama negó que exista una persecución contra los órganos autónomos e hizo notar que así como se revisa la actuación del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Presidente de la República, así se revisa a los órganos reguladores.


Recordó que de acuerdo con la ley la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuentan con autonomía técnica y operativa, pero son dependencias del Poder Ejecutivo Federal y también están sujetas a la crítica, el escrutinio y a la evaluación ciudadana.

El senador agregó que entre las facultades del Ejecutivo está conducir la política energética. Así, asentó, dichas comisiones deben seguir los planes y estrategias del gobierno en esta materia.

“Nadie se extraña de que se critique al Congreso de la Unión. Nadie se extraña de que se critique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie se extraña de que se critique al Presidente de la República. Por qué habría de extrañarnos que se critique a estos órganos reguladores de energía. También están sujetos a la crítica, al escrutinio, a la evaluación ciudadana”, expresó.

No obstante, explicó que los órganos autónomos son de distinta naturaleza y “no se puede meter a todos en el mismo saco”. En el caso de UNAM, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autonomía les permite autogobernarse y la que se refiere a los pueblos originarios está relacionada con el territorio de los propios pueblos.

Aclaró que para cambiar el sentido de la autonomía de algún órgano, hace falta una reforma constitucional y esa determinación “pasa por un amplio consenso”. Así que “no veo que ninguna de las autonomías, que sí son contrapeso y que sí obedecen a espacios de decisiones de la sociedad, esté en riesgo alguno”.

El presidente de la Mesa Directiva acotó que con el respeto al voto y a la libertad de expresión, mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular o la tipificación del fraude electoral y el uso de programas sociales con fines electorales como delitos graves, “lo que estamos viviendo es un proceso de ampliación de la democracia en México”.

Ningún órgano autónomo en riesgo por la crítica, afirma Martí Batres

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El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, llamó a trabajar sin distingos de partidos o intereses personales.     

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, declaró formalmente instalada la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. “Observando los principios que la ley establece, deseo éxito a esta comisión y que todo sea para bien de la nación”, expresó.

Refirió que la misma encuentra su fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, que establece las bases de integración y acciones coordinadas entre las autoridades encargadas de preservar la seguridad en el país.


Expuso que en el artículo 4 de la citada ley, se define que la Seguridad Nacional debe regirse por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

“Debemos aprovechar la posición que tenemos en esta comisión para fortalecer los ejes de coordinación, comunicación y participación, entre los diferentes órganos encargados de mantener la Seguridad Nacional, sin distingos de partidos políticos o intereses personales”, aseveró.

La comisión instalada hoy, la integran los senadores Beatriz Paredes, Radamés Salazar Solorio e Ismael García Cabeza de Vaca. También, los diputados federales Ulises Murguía, Ernesto Sánchez y Fernando Torres.  

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, señaló que esta comisión debe elaborar una agenda de entrevistas con los titulares de las áreas vinculadas con la seguridad nacional. Planteó una reunión conjunta con la comisión respectiva del Senado para analizar la propuesta del Programa Nacional de la materia.

El senador Radamés Salazar Solorio, de Morena, comentó que la comisión puede trascender si genera una agenda legislativa acorde a los retos de todo el país, porque los problemas grandes están en los municipios y los estados.

El senador Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN, dijo que un tema que se discutirá en esta comisión será la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Dado que cada estado tiene su problemática, habrá que “definir un traje a la medida”, para cada uno.

El diputado Ulises Murguía dijo que la comisión instalada se encargará de revisar la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Consideró que los modelos policiales que operaron en administraciones pasadas fueron fallidos, por lo que esta comisión deberá coadyuvar para que haya un adecuado uso de la Guardia Nacional.

Instalan en el Senado la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional

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lunes, 25 de febrero de 2019


  • Incorporaría los puntos de vista de todos los Grupos Parlamentarios.
  • Para Morena, Reforma Educativa es la prioridad, afirma.     

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo que intentarán integrar una agenda que conforme el punto de vista de todos los Grupos Parlamentarios, “que sea una opinión plural”, señaló.

En conferencia de prensa, comentó que el próximo miércoles se reunirán y tratarán de conjuntar la agenda legislativa del Senado. Detalló que entre los temas que se podrían incluir están: reforma educativa, eliminación del fuero constitucional, revocación de mandato y consulta popular.


Consideró que hay otros temas que también son pendientes legislativos y podrían añadirse, como la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción, reformas a las leyes que regulan el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y la despenalización del uso de la marihuana.

Señaló que se tratará de construir un consenso para aprobar dichos temas. “No me voy a mover de esa posibilidad. Es más tardado, más difícil, pero no me moveré de mi convicción de buscar el consenso en todas las leyes”, dijo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena reafirmó que la prioridad legislativa de su bancada será la aprobación de la reforma educativa. También, los temas que enunciará a la Jucopo, entre los que se encuentran: conclusión de las comisiones bancarias, combate al uso de facturas apócrifas, austeridad y reforma legal en materia de delitos considerados graves.

Recordó que el Senado también tiene que concluir el nombramiento y ratificación de embajadores y cónsules, el de un ministro de la SCJN, de integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, del Tribunal Electoral, comisionados del Inai y los del Tribunal Agrario.

Aboga Monreal por conjuntar la agenda legislativa del Senado

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  1. Ante reforma constitucional en la materia, especialistas evalúan diversas propuestas.    

La Comisión de Educación del Senado de la República continúa analizando diversas propuestas de reforma en esta materia, en el contexto del proceso legislativo que se realiza en forma paralela en la Cámara de Diputados.

En la colegisladora estudian la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal y 16 iniciativas más que plantean la obligatoriedad de la educación superior, el fortalecimiento de las instituciones formadoras de docentes o la creación del Centro de Revalorización del Magisterio, entre otras propuestas.

En el foro “Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y jóvenes”, convocado por la Comisión de Educación del Senado, fue presentada una iniciativa elaborada por el Colectivo Red Educación y Derechos.


La misma, propone incorporar un enfoque de derechos y de igualdad sustantiva. También, nuevos principios y propósitos de la educación como: inclusión, interculturalidad, pluralidad y equidad; desarrollo sostenible. Reconoce a los educandos como titulares del goce efectivo del derecho a la educación, para que ningún interés esté por encima de su pleno ejercicio. Por ejemplo, las controversias laborales.

La iniciativa mantiene el reconocimiento del derecho a la educación y principios rectores; la facultad exclusiva del Ejecutivo en planes y programas para la educación básica; el concepto de un órgano autónomo y no de auto consulta; recupera la autonomía universitaria; y la obligatoriedad en la educación básica y media superior.

Borra cualquier resquicio de interpretación sobre aspectos punitivos a la evaluación docente e incluye un rediseño de atribuciones del órgano evaluador, subrayando que debe ser autónomo. 

Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, expuso que en los foros que realiza la comisión que preside se revisará la propuesta de reforma en la materia que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y la iniciativa que presentaron diputados federales del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, basada en un trabajo del Colectivo Red Educación y Derechos de la Sociedad Civil.

“Es importante ir incorporando todas las propuestas, opiniones e iniciativas que hay al respecto. Esto nos va a servir para elaborar juicios”, comentó.

Minerva Hernández Ramos, secretaria de la misma Comisión, coincidió en que se debe construir un nuevo marco jurídico en la materia para fortalecer a la educación en el país. 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks detalló que en la Cámara de Diputados hay 17 propuestas en materia educativa, entre ellas la del Ejecutivo Federal, presentada el 12 de diciembre del año pasado.

También la que presentó el PAN en conjunto con el PRI, MC y PRD -del Colectivo Red Educación y Derechos- el 6 de febrero pasado. El tema es tan importante que no debe tener sesgos de partidos o ideologías, dijo. Abundó en que se requiere una revisión profunda, innovadora e integral. Señaló que el texto enviado por el Presidente de la República no deja suficientemente clara la rectoría del Estado en materia de política educativa. 

En la primer mesa, los temas fueron: Educación inicial; los modelos de formación docente, ingreso y promoción; el papel que desempeñan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; y la calidad y excelencia educativa.

En la segunda mesa se abordarán: El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en contraste con el Centro de Revalorización del Magisterio; fortalezas y debilidades del modelo vigente; y federalismo educativo. 

Participaron Carlos Fabián Aguirre Marín, director general de Alianza de Maestros A. C; Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero; Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; el diputado Juan Elías Chávez, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Congreso de Guanajuato; y Daniel López Gómez, director general de Suma por la Educación.

Analiza Comisión de Educación, modelo educativo propuesto por sociedad civil

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viernes, 22 de febrero de 2019


  • Será en las próximas dos semanas; Inai, CRE y SCJN entre otros.
  • Se repetirá el esquema de Parlamento Abierto, en cada caso.     

Después de la aprobación del proyecto de reforma constitucional para crear a la Guardia Nacional, el Senado de la República no detiene la dinámica de trabajo. En las próximas dos semanas analizará –en Parlamento Abierto- más de 50 perfiles de candidatos a integrar distintos órganos del Estado, informó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En conferencia de prensa, detalló que la Comisión de Justicia, a partir del lunes próximo, entrevistará 28 aspirantes a ocupar un lugar como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

También convocará a otros 12 para elegir a cuatro comisionados de la Comisión Regulador de Energía; tres aspirantes para elegir a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 15 para elegir cinco Magistrados. Casi la totalidad, señaló, serán elegidos por mayoría calificada.


Dijo que el Senado analizará con mucha seriedad los perfiles, que deberán pasar por diversos filtros y, finalmente, la comisión dictaminadora calificará la idoneidad. Aunado a ello, la Jucopo intentará construir acuerdos para logara mayorías calificadas, insistió.

Ricardo Monreal también informó que por la mañana recibió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con quien analizó la situación de la política exterior, y revisó los proyectos de nombramientos que el Ejecutivo enviará al Senado para cubrir las vacantes en la representación diplomática en el exterior, con embajadores y cónsules.

Anunció que se reunirán de nuevo la próxima semana para revisar las vacantes producidas por los embajadores que renunciaron antes de que iniciara la actual Administración Federal o, en su caso, ratificar a quienes son diplomáticos de carrera.

En cuanto a la Guardia Nacional, dijo que habló por teléfono con el Presidente de la República, quien le expresó su beneplácito por la aprobación. “Me pidió extender su felicitación a cada uno de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y a los 127 senadores que votaron”.

Expuso que el Ejecutivo Federal respetó al Congreso y al Senado de la República en su decisión de construir una mayoría calificada. Añadió que los senadores no asumen actitudes triunfalistas, sino moderadas, porque el país está en emergencia nacional en materia de seguridad pública.

Finalmente, señaló que espera que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia en el caso de la Guardia Nacional. Dijo que existe una actitud razonable, de su parte, para revisar las modificaciones que hizo la Cámara de Senadores. “Hago votos porque pudiera transitar con rapidez la aprobación y enviarse a los estados, porque, repito, es una emergencia nacional”.

En breve, comparecerán en el Senado más de 50 aspirantes a distintos cargos

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miércoles, 20 de febrero de 2019


  • La Cámara Alta organizó el Foro por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Afromexicano.

La senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura, expresó su confianza en que se logrará el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos con la reforma al artículo 2º Constitucional que ella propuso, al señalar que son ya cinco siglos de retraso en este tema a causa de la discriminación que aún persiste.

Para reforzar este planteamiento, el Senado de la República, en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organizó el Foro por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Afromexicano.


Al dar la bienvenida a los participantes e invitados al evento, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena expuso que la invisibilización de este grupo de mexicanos. Es lo que hoy aún padecen los pueblos de afrodescendientes, subrayó.

“A José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero los suelen pintar más claritos  de su color original en los libros de texto. El hecho de contextualizar a estos dos grandes héroes de la Patria como afromexicanos, cambia todo el sentido de nuestra historia. Además, nadie sabe que existió el libertador Yanga, en 1609, por ejemplo. Es decir, 200 años antes de nuestra Independencia, y no aparece en ningún lado”.

Ahora que tengo la oportunidad de estar en el Senado de la República, indicó, lo primero que hice fue presentar la iniciativa de ley para el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Hemos recorrido los pueblos de afromexicanos que en el país. Según el último censo del Inegi, registró a casi un millón 400 mil afrodescendientes. Tengo fe en que lograremos el reconocimiento constitucional de estos pueblos.

Harp Iturribarría recordó que en su propuesta de reforma al artículo 2º de nuestra Carta Magna (en estudio para dictamen en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos), se establece lo siguiente:

“Se reconoce como parte de la composición pluricultural de la Nación a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Por equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar  su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”, comentó.

Destacó que la iniciativa en cuestión la presentó al Pleno el pasado 18 de octubre, en coordinación con el senador Martí Batres Guadarrama, también de Morena, a la cual se sumaron todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta.

Presente en el foro, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación, Alexandra Hass Paciuc, manifestó que desde el CONAPRED se acompañara esta iniciativa, hasta que 17 entidades federativas aprueben la Reforma Constitucional.

Al evento acudieron, entre otros, la senadora María Leonor Noyola Cervantes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; Elisa Velázquez, coordinadora Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Elena Patricia Peña Martínez, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Confían en que se logrará el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos

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  • En el sexenio anterior sólo se recuperaron 40 mdd de un estimado de 200 mmdd; es un retroceso.
  • Tráfico de drogas, corrupción y evasión fiscal, principales delitos que generan fondos ilegales.



En el foro “Flujos financieros ilícitos, retos para enfrentar a la delincuencia organizada”, especialistas señalaron que si realmente se quiere combatir el lavado de dinero de manera eficaz, es necesario generar herramientas legales, científicas y tecnológicas que permitan controlar las operaciones con dinero ilegal y recuperar los recursos para beneficio del Estado mexicano.

La senadora Minerva Hernández, del PAN, indicó que según la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, los principales delitos que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.

Además, alertó que otros estudios señalan que podrían estar ingresando a México grandes cantidades de dinero, producto de delitos generados en jurisdicciones extranjeras, mediante transferencias electrónicas internacionales, incluso, en efectivo.

Comentó que si bien el país ha avanzado en la consolidación y el fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero que proviene de actividades delincuenciales, la sofisticación de operaciones con recursos ilegales ha contribuido a la impunidad en este tema.

Ante ello, expuso, he presentado dos iniciativas que buscan reforzar la actuación del Estado y fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero y corregir sus deficiencias, a través de otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera.

También, explicó, para profesionalizar a servidores públicos, incluir mecanismos de coordinación Federación-estados, y establecer que el Congreso sea un contrapeso respecto de la política de combate al lavado de dinero.

A su vez, Jorge Lara Rivera, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, acusó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no sólo no se avanzó en el combate al lavado de dinero, sino que hubo un retroceso. Aclaró que no existen cifras oficiales, pero se calcula que en los seis años anteriores fueron lavados aproximadamente 200 mil millones de dólares.

En el mejor de los casos, destacó, de esa cantidad se recuperaron cerca de 40 millones de dólares, de los cuales 20 fueron con la figura de abandono de activos, y 17 mediante extinción de dominio. Una “cantidad ni siquiera risoria, sino trágica, expresó.

Señaló que el indicador fundamental en esta materia es saber cuánto ha recuperado el Estado en el combate al lavado de dinero. El gobierno anterior se dedicó más a perseguir “a las mulas de aeropuerto” -personas que introducen físicamente dinero de manera ilegal- que en atender los mecanismos complejos que se utilizan en el sistema bancario.

Recordó que se han generado nuevas figuras jurídicas, como la del Dueño-Beneficiario o Beneficiario-Controlador, que son producto de prácticas como la evasión fiscal o la corrupción. Dijo que los políticos son considerados personajes de alto riesgo en el ilícito de lavado de dinero.

Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva Posada, el verdadero problema que enfrenta el país es la acumulación de dinero ilegal por parte de grupos criminales. Ese, subrayó, es el principal factor que ocasiona la violencia a nivel nacional.

Recomendó no ver aisladamente esta problemática, sino saber que responde a circuitos de poder macrorregionales. Si no se ve de esa manera, advirtió, difícilmente se podrá enfrentar. Propuso generar los recursos científicos y tecnológicos necesarios para seguir la huella del dinero y controlar los flujos de recursos de procedencia ilegal.

Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, coincidió en la necesidad de crear mecanismos que ayuden a controlar las operaciones ilícitas y a dificultar que éstas se realicen.

En su turno, Carla Angélica Gómez Macfarland, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, dijo que el Senado puede contribuir con reformas a la legislación para mejorar la detección de flujos financieros ilícitos e incluir acciones para generar una cultura de la paz mediante el control de esos recursos ilegales.

Llaman especialistas a mejorar herramientas contra el lavado de dinero

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