La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, (PGJDF) manipuló los videos del día 14 de marzo del 2014, en los que Juan Carlos Martínez Nava, artista plástico y reconocido periodista cultural por su labor altruista, denunció por el delito de despojo, privación ilegal de la libertad, y el robo de obras de arte calculadas en más de 700 mil pesos.
Además de mil libros de su biblioteca personal, equipo de cómputo y herramientas de trabajo, por parte de supuestos grupos de choque de Dolores Padierna y René Bejarano, la denuncia fue interpuesta también en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF), funcionarios del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, y la propia Agencia del Ministerio Público.
Los videos manoseados por la PGJDF eran de las cámaras instaladas en la Coordinación Territorial CUH-8, de la (PGJDF) ubicada en calle Chimalpopoca 100, colonia Obrera, que se acreditaban como prueba plena de la declaración del comunicador sobre los hechos delictivos versus los implicados.
Sin embargo, con la conclusión que emite la agente del Ministerio Público Ana María Esquivel Silva y la Oficial Irma Robledo Romero, a cargo de Alejandro Gamboa Olivares, determinó que la carpeta de investigación con número FCH/CUH-8/T1/01102/14-03 se ha ido a LA RESERVA y por tal no se ejerce acción penal en contra de los implicado por falta de elementos para consignar a los responsables del delito.
Vale anotar que dicho delito ahora compete al fuero federal, ya que es evidente que son más de tres los implicados; sobre todo, que existe complicidad de diversos funcionarios públicos.
Martínez Nava, artista, manifiesta que la denuncia por diversos delitos que padeció en la calle de Doctor Río del Loza número 234-1, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, a cargo entonces de Miguel Ángel Mancera, no procedió a pesar de haber presentado las testimoniales, las documentales públicas: recibo de recibos de Teléfonos de México, CFE, permisos Seduvi, credencial del IFE y las pruebas privadas.
En cuanto a las periciales psicológicas, que por cierto nunca llegaron a la carpeta de investigación; sin embargo, con el apoyo de otros periodistas, se logró recabar información relevante, como la manipulación de los videos que la procuraduría remitió a la carpeta de investigación FCH/CUH-8/T1/01102/14-03.
Desde mi punto de vista –dijo el comunicdor-, la Procuraduría se encuentra en un letargo, no investiga ni investigará, y lo peor protege a la delincuencia organizada coludidos con funcionarios públicos infieles a la enmendadura.
Además, deja a los particulares hacer labor de investigación, y es por eso que pareciera que hay intereses obscuros; pues, también se mandó solicitar que declaren las ahora ya implicadas Miriam Domínguez Ruiz, Concepción Ruiz Torres, quienes junto con María del Carmen Hernández Martínez, supuesta administradora del predio de Doctor Río de la Loza y la señora Sandra Gómez Hernández, supuesta gestora del INVI-DF, iconoclastas, porque quemaron obra de arte de valor incalculable y se repartieron las pertenencias.
En cuanto a los videos solicitados desde el inicio de la denuncia, fueron entre las 10 de la mañana a las 16 horas del día 14 de marzo de 2014, cuando el comunicador fue remitido a la agencia del Ministerio Público CUH-8, sin ser presentado ante su representante legal, Arlette Irazábal San Miguel, por parte de los elementos de la SSPDF y ante la Ministerio Público Elena Acevedo Flores, quien manifestó al periodista que debería entregar la posesión del local, lo cual fue negado y ocasionó la furia de éstos.
Sin embargo, la Procuraduría presentó 4 Discos Compactos, uno de ellos de la cámara 1, localizada en la entrada principal de la Coordinación Territorial CUH-8, el primer video señalando las 10:30:30 a las 10:56:36 A.M., no encontrando algún indicio de que el periodista estuviera detenido ese día el 14 de marzo de 2014, ni una de sus contrapartes.
Otro de los videos fue el de las 10:56:46 a 11:22.49 A.M., dentro de este siendo las 11:14:13 aparece Juan Carlos Martínez, argumenta y protestando bajo palabra de decir verdad, que sí, efectivamente, él estuvo pero a las 23:14.13 horas de la noche, tal y como aparece en el video a dar parte de las actuaciones de este grupo que continuaban haciendo de las suyas, en la que no encontró respuesta.
Asimismo, es evidente que hubo “mano negra” ya que el análisis nos dice que de las 11:59:59 debió cambiar por las 24:00:00 y el día debió haber sido 15 de marzo de 2014, no obstante, continúa con su intento de engaño con las 12:00:00 del mismos día 14 de marzo de 2014.
En conclusión urge -dijo Juan Carlos Martínez-, se castigue a estas organizaciones delictivas dedicadas al despojo y robo de bienes inmuebles con penas más severas, equiparables a las del secuestro; al igual que funcionarios públicos una vez acreditando la responsabilidad de la complicidad de los servidores públicos de igual manera.
Aparte de que son acreedores a una doble sanción, deberían de incrementarse las penas corpóreas y resarcir los daños; en cuanto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, realmente haga su trabajo la labor de investigación de manera pronta como marca la Carta Federal, todavía vigente.
Y en los casos que intervengan instituciones como la de vivienda, seguridad pública, senadores y diputados, pierdan el fuero y reparen los daños y perjuicios por violaciones a los derechos humanos, multiplicando de 10 mil veces el salario mínimo sea de 20 mil, pero por dependencia involucrada en actos ilícitos.
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