Con el advenimiento de un nuevo sexenio, las acciones de política pública y regulatorias en torno al sector de telecomunicaciones perfilan su renovada importancia.
El país encara los continuados desafíos de conectividad, inclusión digital, transición tecnológica, expansión en el despliegue de infraestructura y consecución de la competencia efectiva, todos ellos a la mitad del camino o acaso un poco más adelante, pero ninguno plenamente concluido.
¿Qué podemos esperar del nuevo gobierno en estos asuntos?
La Brecha Digital: Prioridad Nacional. Uno de los mayores retos para México sigue siendo la brecha digital, una barrera que limita el crecimiento económico y social, particularmente en zonas rurales.
Durante su campaña, como en sus 100 compromisos al inicio de su sexenio, la hoy presidenta Sheinbaum se comprometió a ampliar el acceso a internet y eliminar la brecha de conectividad.
Para conseguir este cometido, se apalancará de la expansión del programa “Internet para Todos”, el fortalecimiento de CFE TEIT y las capacidades de Altán Redes. Ello, con el objetivo no sólo de llevar conectividad a las zonas remotas del país, sino en ofrecer internet a precios asequibles a lo largo de todo el país.
No obstante, también se requiere una política conducente de inversiones tanto públicas como privadas. El gobierno debe fomentar la inversión en el desarrollo de 5G, redes de fibra óptica y soluciones satelitales de conectividad, así como asegurar que el futuro marco regulatorio resulte en un entorno competitivo, asequible y equitativo para todos los jugadores.
También, es menester un enfoque integral que combine la expansión de redes con programas de educación digital y acceso a dispositivos para impulsar la inclusión digital en México.
Transformación Digital para la Eficiencia Gubernamental. La creación de la Agencia de Transformación Digital (ATD) debería buscar gestar de una vez por todas, finalmente y más allá de la mera retórica, un gobierno más eficiente, transparente y accesible.
La ATD propone reducir a la mitad el número de trámites gubernamentales, recortar en la misma razón el tiempo requerido para realizarlos y los requisitos asociados, alcanzando hasta un 80% de procesos digitalizados.
Un verdadero eGobierno para el ya demandante eCiudadano.
Además, tiene el propósito de combatir la corrupción y mejorar la recaudación fiscal a través de la digitalización del SAT y las aduanas. Esto se hará mediante herramientas tecnológicas de nueva generación como la inteligencia artificial y sistemas de revisión "no intrusiva", sin necesidad de implementar nuevas reformas fiscales.
Regulación Sectorial y Transición Institucional. Si bien queda pendiente la aprobación de la iniciativa de extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la transferencia de sus facultades a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se prevé que se preserve la especialización y autonomía de la autoridad regulatoria.
La autonomía en las decisiones, agnósticas al vaivén político, la promoción de la competencia efectiva con mecanismos de regulación asimétrica temporales, el otorgamiento de concesiones y licencias del espectro bajo los principios de transparencia y eficiencia; son algunas de las facultades que se deben preservar en la transición institucional.
El camino hacia la competencia efectiva y el desarrollo eficiente sectorial requiere de una mejora continua de los marcos regulatorios y normativos actuales y fortalecimiento institucional.
Las materias aquí referidas son algunas en las que la presidencia de Claudia Sheinbaum abre una oportunidad para que México avance en el sector de telecomunicaciones.
Los retos persisten, pero con la implementación atinada de políticas públicas y una regulación conducente de la competencia efectiva, se puede dar un salto significativo en el desarrollo sectorial.
Las expectativas son altas, y los agentes económicos estarán observando de cerca y actuando en consecuencia a cada acción gubernamental.
