Parece extraño que hoy, en pleno siglo XXI, cuando se defienden tanto las libertades y los derechos, haya algunos que no se respeten, e incluso en ciertos países aunque estén reconocidos por la ley pareciera como si no existiesen. Tal es el caso de la libertad religiosa.

Ya  te comentábamos el caso de Nicaragua, país en el que desde hace algunos años ha ido creciendo un serio conflicto entre la Iglesia y el Estado. El problema ha escalado a tal punto que el gobierno ha cerrado asociaciones civiles y religiosas, ha expulsado del país a varias personas —incluyendo al Nuncio del Vaticano—, ha encarcelado a varios sacerdotes y obispos, y reprimido las protestas que muchos ciudadanos han hecho por las injusticias y las violaciones a los derechos humanos [1]. 

Ante estos hechos hay que recordar que la libertad religiosa es un derecho que está garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18 [2]:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

También la garantiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18 y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones [3]. Por lo anterior ningún gobierno debería reprimir a los ciudadanos del derecho que tienen para ejercerla. 

En el caso de Nicaragua, distintas instancias internacionales y organizaciones han intentado intervenir para defender a los ciudadanos y a los líderes religiosos encarcelados. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la liberación inmediata Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encarcelado el 19 de agosto del presente año [4].  Asimismo, el 14 de septiembre de este mismo año el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que exige que se libere a Álvarez y denunció la persecución que sufre la Iglesia católica por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega [5].

De igual forma otras instituciones como el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir), mediante una carta enviada al embajador de Nicaragua en Buenos Aires, expuso su preocupación ante los ataques realizados a la Iglesia católica en Nicaragua contra obispos, sacerdotes y religiosos, quienes como ya mencionamos han sido víctimas de expulsión del país y encarcelamiento, entre algunas otras medidas que calificaron de  «inadmisibles» [6]. 

En otras partes del mundo también hay conflictos para ejercer la libertad religiosa. Tal es el caso de Sudán, en donde el 99% de la población es creyente. La religión predominante es el Islam, que profesan el 91% de las personas, pero hay una minoría del 6% de cristianos [7]. Tras el golpe de estado y el derrocamiento del expresidente Omar Al Bashir en abril de 2019, se han llevado a cabo acciones para resolver conflictos internos. Una de ellas es el acuerdo de paz firmado con algunos rebeldes en el que se acordó eliminar la disposición constitucional de que existiera una religión del Estado, el Islam. Sin embargo, hay grupos que querían abolir la ley Sharia y que Sudán fuera un estado laico y democrático [8]. 

Aún y cuando se ha mostrado una intención de resolver el tema de las violaciones a la libertad religiosa del régimen anterior, aún hay mucho trabajo por hacer. En febrero de 2021, un líder cristiano fue arrestado y se le advirtió que no iniciara una nueva iglesia [9]. Elshareef Ali Mohammed, abogado de la ONG Sudanese Human Right, expone que la ley penal está basada en la Sharia por lo que los cristianos se encuentran en desventaja en los tribunales. Sudán ha visto cambios importantes por parte del nuevo gobierno, sin embargo, otros activistas que trabajan a favor de la libertad religiosa indican que aún hay problemas que deben resolverse, como la derogación de las leyes de blasfemia y decencia pública, el registro y edificación de iglesias, así como las propiedades confiscadas de iglesias [10].

Por otro lado, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos elabora desde 1999 el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional  en el que se hace un análisis sobre la situación de la libertad religiosa en diversos países del mundo [11]. En su edición de 2021, publicada el 2 de junio de este año, señala que en el continente americano hay dos países bajo especial observación debido a las violaciones contra la libertad religiosa que allí ocurren: Cuba y Nicaragua. Además, señala que son de “especial preocupación” en este mismo tema Birmania, República Popular China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán [12]

El informe destaca el asesinato de sacerdotes católicos en México, fenómeno relacionado con la violación a la libertad religiosa. En este sentido el documento resalta el trabajo del Centro Católico Multimedial (CCM), organización que se ha dado a la tarea de hacer un recuento del número de sacerdotes asesinados desde 2012 a la fecha. El CCM reporta que son ya 32 sacerdotes los que han perdido la vida de forma violenta y subraya que en México “la paz es la gran ausente, donde los sacerdotes y ministros de culto son muy vulnerables”. El CCM también ha informado que los ministros de culto por lo general denuncian las carencias y marginación que sufren muchas personas, y este es un factor para que se realicen actos violentos contra ellos, pues lo que dicen muchas veces es incómodo. El Informe sobre Libertad Religiosa Internacional señala además que el CCM indicó que México es “el país más violento para los sacerdotes en América Latina por 13.° año consecutivo”, y que “la clasificación reflejaba altos niveles de violencia generalizada en el país” [13].

Además de los asesinatos de sacerdotes, en México ocurren algunos hechos que demuestran que en cierto sentido hay una persecución por las creencias religiosas. Un ejemplo fue la denuncia contra el arzobispo de Yucatán, Mons. Gustavo Rodríguez Vega, quien expuso que el matrimonio solo es entre hombre y mujer, dada la equiparación de las uniones del mismo sexo con el matrimonio en esa entidad. Y por ello, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (ColectivoPTFYuc) interpuso una denuncia en agosto de 2021 contra el arzobispo Rodríguez ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) [14].

Por otra parte, un diputado federal transexual acaba de presentar un proyecto de ley que castigaría a sacerdotes y a personas comunes por predicar o sostener lo que digan los textos sagrados acerca del matrimonio y la sexualidad. Este diputado dice que debe cerrarse la posibilidad de enseñar o predicar lo que se oponga a la ideología de género [15].

Como conclusión a este tema podemos decir que estamos observando un retroceso en la libertad religiosa de tal forma que muchas personas viven discriminación e incluso hay países en los que pierden la vida por este motivo. Trabajemos en un frente común para contar con una democracia en la que todos podamos ejercer este derecho y ninguna persona sea manipulada o violentada por ejercer sus creencias religiosas.