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Ésta
es la primera vez que la Comisión hace uso de dicha facultad contenida
en el Código Penal Federal y la Ley Federal de Competencia
Económica.
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE
o Comisión) presentó hoy, ante la Procuraduría General de la República
(PGR), querella penal contra varias personas que de acuerdo con sus
investigaciones cometieron el delito de prácticas monopólicas absolutas,
actividad ilegal prevista en el Artículo 254
bis del Código Penal Federal y en el artículo 53 de la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE).
Ésta
es la primera vez que la COFECE, a través de su Autoridad
Investigadora, hace uso de esta facultad legal contenida en el artículo
77 de la Ley.
La
Autoridad Investigadora de la COFECE tiene evidencias sobre la
coordinación entre postores en licitaciones públicas convocadas por el
sector salud, entre los años 2009 y 2015, que afectaron las
compras de bienes de diversas entidades del sector público, a los que
se asignaron recursos fiscales por más de 1,200 millones de pesos.
Las
prácticas monopólicas absolutas generan la más grave afectación al
funcionamiento eficiente de los mercados y al bienestar del consumidor;
dado que elevan los precios y disminuyen la cantidad
y calidad de bienes o servicios ofrecidos, afectando el crecimiento de
la economía. Es por ello, que la legislación mexicana establece
sanciones penales que pueden llegar hasta diez años de cárcel para estas
conductas.
La
colusión en el sector salud es grave pues los insumos adquiridos por
este sector inciden directamente sobre los servicios que presta el
Estado a la población, los cuales son financiados con recursos
públicos.
Al
Ministerio Público Federal de la PGR corresponderá proseguir con las
pesquisas iniciadas por la Autoridad Investigadora y cuyos resultados se
establecen en el Dictamen de Probable Responsabilidad
emitido por dicha unidad de la COFECE, para posteriormente ejercitar
acción penal en contra de quienes cometieron el delito o participaron en
su comisión.
En
paralelo, de acuerdo al mandato de la LFCE, la COFECE tiene abierto un
proceso administrativo en contra de las empresas y personas físicas
emplazadas. Conforme al debido proceso, se desahogarán
todas las pruebas y alegatos que para su defensa presenten quienes
probablemente participaron en este cártel económico. Una vez agotado
dicho procedimiento, el Pleno de la COFECE deliberará sobre su
responsabilidad y, en su caso, impondrá las sanciones administrativas
correspondientes, las cuales pueden alcanzar hasta 10% de los ingresos
acumulables de cada agente económico inculpado y la inhabilitación para
el ejercicio de cargos directivos hasta por cinco años.
Carlos
Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de COFECE, comentó
que “esta Autoridad no dudará en solicitar el ejercicio de la acción
penal en contra de competidores que se coordinen
para manipular precios o coordinar posturas en licitaciones públicas, a
costa del bienestar de los consumidores". Adelantó que “la solicitud de
querella hoy presentada, es la primera de varias que se encuentran en
proceso”.
Por
último, la COFECE hace un llamado a los agentes económicos que
participan o han participado en prácticas monopólicas absolutas, para
que denuncien dichos comportamientos ante la Autoridad Investigadora
y se puedan acoger al Programa de Inmunidad, el cual es la única
alternativa que tienen para evitar la cárcel.
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