- Las modificaciones legales impulsan que empresas cuenten con al menos el cinco por ciento de estas personas en su plantilla laboral
A fin de fomentar la contratación de personas adultas mayores y que las empresas cuenten al menos con un cinco por ciento de este sector poblacional en su plantilla laboral, el Pleno del Senado avaló modificaciones a los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.
En nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la senadora Patricia Mercado explicó que el proyecto fue remitido al Senado por el Congreso de Baja California, a quien reconoció el interés por dar oportunidades laborales a todas las personas adultas mayores para obtener ingresos.
La senadora de Movimiento Ciudadano reconoció que el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías, la digitalización y la automatización han causado un desplazamiento de las personas adultas mayores de los empleos.
Por su parte, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, mencionó que a pesar de que México ha firmado diversos instrumentos internacionales, en el país existe un problema grave de desempleo para las personas adultas mayores, pues por su condición física muchos empleadores ya no los contratan.
La senadora del PAN indicó que de acuerdo con cifras oficiales en México hay más de 15 millones de personas de 60 años o más, de los cuales, un porcentaje muy importante de ellos vive en condiciones desfavorable y sólo 41 por ciento son económicamente activos.
“En nuestro país, la edad del retiro laboral oscila entre los 60 y 65 años de edad; sin embargo, en muchas ocasiones las personas se ven en la necesidad de continuar laborando, en algunos casos porque no cuentan con un régimen de pensión o seguridad social y en otros porque aun cuando la tengan, esta resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas”.
Al hablar a favor del dictamen, la senadora Marcela Mora Arellano, del PES, expuso que el proyecto aborda la justicia social y dignifica el trabajo de estas personas, al establecer la obligatoriedad de las empresas a contratar a cinco por ciento de personas mayores de 65 años.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, enfatizó que los adultos mayores son personas activas que participan en la vida pública nacional; sin embargo, refirió que 70 por ciento de ellos trabajan en la informalidad y no tienen reconocimiento de sus derechos laborales.
Del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos afirmó que los adultos mayores aún tienen un largo recorrido laboral, el cual se ve limitado ante el rechazo de las empresas, que en algunas ocasiones ponen como condicionante la edad.
La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, manifestó el voto a favor de su bancada por considerar que este dictamen tiene un “fin noble” porque ordena implementar acciones y programas para promover empleos y trabajos remunerados a las personas adultas mayores y evita que las empresas se nieguen a contratarlos.
La senadora Cecilia Margarita Sánchez García, de Morena, añadió que gran parte de los trabajos discriminan a los adultos mayores porque creen que ya no cuentan con la capacidad suficiente para realizar sus labore; por ello este dictamen tiene como propósito promover empleos y trabajos remunerados a las personas de edad avanzada, con el fin de poderlos contratar conforme a su oficio y profesión.
A su vez, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, dijo que los adultos mayores merecen que se les conceptualice como ciudadanos que pueden ser parte del proceso de crecimiento del país, a través de su experiencia.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD presentó una reserva que aceptó el pleno para que se suprimiera de la redacción del dictamen: “sin más restricción que sus condiciones físicas o mentales declaradas por autoridad médica o legal”.
El legislador explicó que su propuesta deriva de que en el proyecto no hay claridad de cuál será la autoridad que se encargará de hacer esta declaración y porque el texto podría derivar en acciones de inconstitucionalidad, ya que esto podría considerarse una medida discriminatoria.
“Por eso, el planteamiento muy concreto es suprimir el párrafo de la fracción que se está modificando a fin de que quede: “implementar las acciones y programas necesarios con el propósito de promover empleos y trabajos remunerados a las personas adultas, a fin de poderlas contratar conforme a su oficio, profesión o habilidad”, abundó.
En lo general, el proyecto se aprobó con 88 votos, y en lo particular fue avalado con 87 votos a favor, por lo que se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión correspondiente.
