- Morena, PVEM y PT destacan compromiso del Gobierno federal para garantizar la verdad
- PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denuncian que no existe una diferencia con la “verdad histórica, por lo que acusan intereses políticos
Las y los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dialogaron en el Pleno sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Al respecto, la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que este Informe responde al compromiso con las víctimas para garantizar la verdad, pues no existía en la administración anterior. “En este gobierno se cumple la ley, se hace justicia y no hay pacto de impunidad”, sostuvo la legisladora.
El diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, lamentó que se le dé un uso político al tema de Ayotzinapa: “debería darles vergüenza con los deudos por utilizarlo una y otra vez”. Ojalá se llegue a las últimas consecuencias, dijo, pues después de cuatro años necesitamos un proceso transparente, de cara a las y los ciudadanos, y que se encuentre a los culpables.
Por el PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero es un asunto de seguridad, por lo que confió en que la detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam, obedezca estrictamente a la verdad y no a un interés político ni a un ánimo de revanchismo.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez dijo que la denominada “verdad histórica es un crimen histórico”, pues hasta que no se resuelva este crimen México tendrá una “herida abierta”. Además, dijo que se debe evitar que este tema se convierta en una trampa mediática más de este gobierno, por lo que esperamos que haya verdad y justicia.
Por el PVEM, el senador Israel Zamora Guzmán señaló que estos hechos representan “una página de infamia en la historia de nuestro país”. En ese sentido, dijo que el Informe que dio a conocer el Gobierno de México es lapidario al decir que se trató de un crimen de Estado, pues constituye una deshonra para el gobierno anterior, que sus funcionarios participaran en dicho crimen.
El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, expresó que Alejandro Encinas presentó un informe “duro y contundente”, que no deja lugar a dudas de que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado, con responsabilidad de los más altos niveles del gobierno en el sexenio pasado.
Por el Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria asentó que el Informe es la muestra de que una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental, ya que no existe autonomía y se presenta la versión que el gobierno quiere que se difunda. “Lo que vimos, en esencia, es el montaje de una nueva versión oficialista”, denunció el legislador.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la bancada de Morena, aseveró que hay una diferencia entre ambos informes, ya que el que presentó este gobierno acepta que se trató de un crimen de Estado, la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales, así como su colusión para inventar una verdad a modo.
De Acción Nacional, el senador José Alfredo Botello afirmó que, desafortunadamente la situación actual del caso Ayotzinapa, no cambiará en nada las condiciones que se tienen en Guerrero, que es controlado por el crimen organizado.
A nombre del PRI, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, sostuvo que el reporte reciente refleja lo mismo que el anterior: que jóvenes interceptados por cuerpos policiacos municipales fueron puestos a disposición del crimen organizado y que éstos los desaparecieron.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, declaró que lo más crudo del caso es que se exhibió la complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal con el crimen organizado, así como la imposición mediática de una “verdad histórica” para evitar que se hiciera justicia y proteger a los culpables.
