Nos encontramos frente a un nuevo proceso de licitación de frecuencias de espectro radioeléctrico que invariablemente está dando de qué hablar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) órgano único encargado de la asignación y administración del espectro desde la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, llegará a su cuarto aniversario de vida con un historial de tres de cuatro licitaciones que se han caracterizado por sus descuidos e incumplimiento de su cometido que coloca a la industria en un escenario de incertidumbre, ausencia de transparencia e incapacidad regulatoria.
Este es el caso de la licitación de frecuencias para la provisión de radio AM y FM, en la que el regulador ignoraba (o realmente no hizo completa su labor de verificación) la composición y vinculación accionaria del agente económico Tecnoradio. Postor que ganó el mayor número de frecuencias (34 de FM y 3 de AM) y ofreció el mayor monto de contraprestación económica de alrededor de $288 millones de pesos, pero que resultó tener relación al grupo radiofónico más grande del país (Radiorama) y pretendía beneficiarse de un incentivo de 15% otorgado a “aparentes” oferentes entrantes para así, aventajar a sus competidores.
Ello empujó al alza la oferta económica de los participantes y desplazó la entrada de otros grupos radiofónicos importantes y oferentes independientes. Por lo que el diseño y desarrollo de la licitación incumple con los principios de eficiencia al tratarse de un proceso que deja fuera toda posibilidad de gestar un entorno más competido en contenidos radiofónicos, así como contraviene la legalidad de la licitación al no contar con información veraz sobre la composición accionaria de Tecnoradio.
Este episodio deviene a aquel de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión en la que el único postor ganador fue Grupo Imagen Multimedia, luego que Grupo Radio Centro careciera del músculo financiero para cumplir con el monto de contraprestación que había ofrecido por una segunda cadena a la que se habría hecho acreedor. En ese entonces el IFT argumentaba que de acuerdo con su análisis Radio Centro podía hacer frente a su oferta, cuando la realidad era lo opuesto.
El otro caso es el de la licitación de AWS, en el que no obstante, a los riesgos de concentración y desbalance en la tenencia espectral advertidos por la industria, el regulador permitió que Telcel se hiciera de una porción superior de frecuencias óptimas para telecomunicaciones móviles aventajando así a sus competidores.
Pareciera que la constante aquí es la ausencia de una autoridad regulatoria que cumpla con los principios básicos de una licitación, al no contar o no habilitar mecanismos de monitoreo, revisión y evaluación de condiciones competitivas, músculo financiero y estructura de los agentes económicos participantes en los procesos referidos.
Estos referentes sientan un precedente de desconfianza e incertidumbre para las licitaciones por venir, que definitivamente pueden eludir la participación de nuevos entrantes o generar desincentivos para oferentes actuales. Circunstancia que sumada a los ya documentados casos de contrarreforma nos coloca en una situación en el que el IFT nos aleja cada vez más de un escenario de condiciones de competencia, calidad, pluralidad, entre otras.
‘Lo que pasa es que’ (frase que inevitablemente utilizamos cuando no hay otra forma de justificarse) tenemos un regulador desinteresado en cumplir el cometido de promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión en México.
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