| * La regulación actual fragmenta al sector, fomenta la informalidad y pone en riesgo la seguridad pública y privada en México. * La falta de una ley general permite que incluso, el crimen organizado utilice la figura de empresas de seguridad privada como fachada. |
Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) hacen un llamado urgente al Congreso de la Unión para corregir las deficiencias estructurales que hoy afectan a la industria de la seguridad privada en el país. Esto, tras la reciente aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados de dos dictámenes sobre seguridad pública que, lejos de resolver el problema de fondo, profundizan la confusión normativa al mantener un diseño de competencias ambiguo y una sobrerregulación insostenible.
Una distribución de competencias ineficaz.
La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobada en la Comisión es tibia e inconsistente, ya que subordina a la Federación frente a los Estados, generando duplicidades y contradicciones legales. De acuerdo con la propuesta, la Federación regula a las empresas que operan en más de una entidad, mientras que los Estados supervisan a las locales, pero, al mismo tiempo, la iniciativa exige a las empresas tramitar autorizaciones federales y luego cumplir con regulaciones estatales que suelen ser excesivas o contradictorias.
"Hoy enfrentamos un marco jurídico obsoleto y fragmentado, con una Ley Federal que ya no responde a la realidad del país, 32 leyes estatales y cientos de reglamentos municipales que se contraponen entre sí. Hemos identificado más de 500 contradicciones que generan incertidumbre jurídica y limitan el desarrollo del sector formal,” afirmó Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME.
Una ley general pendiente y un entorno propicio para la informalidad.
Desde hace años, el Congreso mantiene una deuda pendiente: la expedición de la Ley General de Seguridad Privada. Esta omisión ha generado vacíos normativos que fomentan la competencia desleal y dificultan el control efectivo sobre las empresas irregulares.
"Nos preocupa profundamente que esta situación permita que incluso el crimen organizado utilice la figura de empresas de seguridad privada como fachada, al operar sin supervisión ni controles eficaces”, alertó Zúñiga Salinas.
El peso del sector en la economía nacional.
La seguridad privada es un sector clave para la estabilidad económica y laboral del país. Hoy genera alrededor de 450 mil empleos formales, lo que representa cerca del 2% de los registros del IMSS, y agrupa a más de 8 mil empleadores, creciendo a ritmos superiores a la media nacional.
“Somos un sector estratégico, pero también somos un sector que exige certeza jurídica para operar de manera eficaz y responsable”, subrayó el líder empresarial.
Lo que demanda la industria formal.
ASUME sostiene que la solución es clara: expedir una Ley General de Seguridad Privada que unifique criterios, elimine la dispersión normativa y permita establecer una regulación nacional clara, moderna y funcional.
El sector formal exige que esta nueva legislación:
• Elimine requisitos inconstitucionales, como los exámenes de control de confianza.
• Clarifique las competencias entre Federación y Estados, evitando la duplicidad de regulaciones.
• Reconozca la labor coadyuvante de la seguridad privada, sin confundirla con funciones de autoridad pública.
• Diferencie las reglas según los tipos de servicios, considerando la diversidad del sector (seguridad tecnológica, transporte de valores, protección ejecutiva, etc.).
Una industria lista para ser aliada del Estado.
“México no puede seguir operando bajo un esquema normativo que incentiva la informalidad y deja sin herramientas a las autoridades para sancionar a quienes incumplen. Necesitamos una ley moderna y eficaz que fomente la profesionalización, la transparencia y la colaboración con el Estado”, concluyó Zúñiga Salinas.
ASUME reitera su total disposición al diálogo con el Congreso, el Gobierno Federal y todas las autoridades competentes para avanzar hacia la creación de una legislación que dé certidumbre jurídica, fomente la formalidad y fortalezca la confianza ciudadana en el sector.
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