 Los más pobres en México son los verdaderos destinatarios de la Ley de Seguridad Interior. El uso de los cuerpos castrenses es para la contención de protestas, ese es el objetivo de las élites gobernantes. El gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa. Por separado, y aunque con matices, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas y militares retirados coinciden: no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano, sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el convulso panorama político de la República. Quieren aprobar “cuanto antes” una Ley de Seguridad Interior, como anunció el diputado priísta César Camacho Quiroz, esa es la encomienda de los legisladores de los tres partidos políticos dominantes en el Congreso federal: PRI, PAN y PRD, los mismos del Pacto por México que hizo posible las llamadas “reformas estructurales” que hoy generan el rechazo de amplios sectores de la población. Dio cuenta Zósimo Camacho en la revista Contralínea. |
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