by Gonzalo Rojon
En abril de 2020, en plena crisis pandémica, el entonces Diputado Sergio Mayer Breton del partido Morena propuso una iniciativa en la que se buscaba imponer un canon a soportes, aparatos, instrumentos técnicos o cualquier otro dispositivo que permitiera el almacenamiento, compactación, duplicación o reproducción sonora, visual o audiovisual de cualquier contenido protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Afortunadamente dicha iniciativa se desechó en abril de 2021. Nuevamente, los Senadores de la República Ricardo Monreal, Miguel Osorio, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Armenta, entre otros, presentaron prácticamente la misma iniciativa salvo por unas pequeñas modificaciones como la de creer, ingenuamente, que el incremento en el costo que tendrían los fabricantes de estos equipos no será trasladado a los consumidores finales. La premisa de dicha iniciativa se basa en que todos los que usamos estos dispositivos (smartphones, computadoras, tabletas, decodificadores de TV, servidores, tarjetas de memoria, etc.) nos dedicamos a infringir los derechos de autor. Como bien se justificó en 2021, eso es un sin sentido pues hoy en día los consumidores no realizan en estos equipos copias privadas en perjuicio del creador intelectual de las obras. Al contrario, estos dispositivos han incentivado el uso y contratación de servicios digitales y de streaming para el consumo legal de contenidos audiovisuales. Así, la evidencia apunta a que la recaudación por copia privada tiende a su desaparición por los nuevos hábitos de consumo digital. Adicionalmente, este gravamen generaría, invariablemente, un aumento en el precio de los dispositivos en un contexto de crisis económica, el cual a su vez causaría una disminución en la adquisición de estos. Es importante señalar que, debido al contexto de crisis económica y alta inflación en el cual nos encontramos, los operadores móviles llevan reportando caídas en sus ingresos por equipos durante los últimos trimestres. Un aumento adicional en el costo de los equipos profundizaría aún más esta caída y por ende en la adquisición de los mismos. Además, dicha propuesta tiene un efecto claramente regresivo, pues afectaría más a la población con menores ingresos del país, cuando por el contrario el gobierno debería estar impulsando la adopción de estos dispositivos tecnológicos y la consecuente reducción de la brecha digital en el país. Por último, de manera internacional, la política detrás de la compensación vía canon digital comenzó hace más de dos décadas, cuando se registraba un uso intensivo de dispositivos y medios de soporte tradicional como casetes, CD y DVD. Actualmente, la recaudación del canon digital registra una trayectoria a la baja en la mayoría de los países en los que es aplicable debido al reemplazo en el uso de soportes tradicionales frente a medios digitales. Esta propuesta debe desecharse nuevamente, pues por tercer año consecutivo seguimos discutiendo un gravamen caduco y sin sentido, que va en contra de los preceptos por los que el gobierno debería estar impulsando como la conectividad universal y la disponibilidad de mejores dispositivos para la población económicamente más vulnerable. |
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