- Llaman a reforzar políticas públicas para garantizar el desarrollo pleno de las personas con discapacidad
Senadores, funcionarios, especialistas y representantes de la sociedad civil coincidieron en que se debe continuar con el avance de la agenda legislativa que beneficie a las personas con discapacidad, ya que en México hay más de 20 millones de personas con esa condición.
Durante la inauguración del congreso internacional sobre “Discapacidad, cumplimiento de compromisos internacionales”, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez afirmó que, desde el Senado de la República se trabaja para que “quien nazca con alguna condición de discapacidad o la adquiera tenga la confianza en el Estado, de que será tratada con las mismas garantías”.
Este evento, agregó la presidenta de la Comisión de Salud, es trascendental, no es un foro más que se hace en la Cámara de Senadores, porque de las conclusiones de las mesas de trabajo analizaremos los temas que puedan generar iniciativas de ley.
“Tengan la seguridad de que en esta Legislatura estamos haciendo las cosas pensando en todas y todos, y que no nos quedamos en el discurso”.
Valdez Martínez pidió a la sociedad reflexionar y cambiar de actitud, a fin de que el trato hacia otras personas sea igualitario, con sentido humano y sin hacer distinción de ningún tipo; además, consideró que todas las personas deben ser tratadas con las mismas condiciones.
En su intervención, Marisol Ramírez Reyes, directora de Atención a Grupos en Riesgo, de la Secretaría de Gobernación, propuso una revisión normativa al Código Penal Federal, así como a códigos procesales y civiles, para reforzar la política pública, porque en materia legislativa hay algunos retrocesos sobre todo en el ámbito educativo.
En tanto, Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, recordó que en 2007 el Senado ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “instrumento jurídico internacional que marcó un cambio de paradigma en el enfoque y actitud hacia nosotros como personas sujetas de derechos”.
Refirió que aún hay una agenda inclusiva pendiente que cumplir, porque no bastan discursos, pues la realidad es que se debe pensar en la progresividad de acciones constitucionales y medidas legislativas, para que realmente se beneficie a los más de 20 millones de personas con discapacidad en México.
Por su parte, Cecilia Elena Guillén Lugo, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, reconoció que la Cámara de Senadores, a diferencia de otras entidades gubernamentales, tomó la estafeta, hace un año, para realizar la primera consulta legislativa con un carácter vinculante.
En tanto, Roxana Pacheco Martínez, representante de la Fundación para la Inclusión y Personas con Discapacidad, afirmó que todas las personas somos susceptibles de adquirir alguna discapacidad, ya sea derivada de una enfermedad, como en el caso del coronavirus que dejó repercusiones a la salud, o por vejez, ya que en algún momento podríamos no ver, escuchar o tener problemas de movilidad.
Consideró que no es fácil legislar con perspectiva de discapacidad, ya que se deben conocer muchos aspectos intrínsecamente ligados a esta condición; por ello, es importante que se tome en cuenta a las organizaciones para que participen en la construcción de reformas.
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