by ALBERTO ESTEVES ARREOLA
Nueva York.- Sacude a la política mexicana investigación por narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió un frente judicial de enorme repercusión política contra el gobierno de Sinaloa, al hacer pública una acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.
La acusación fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y anunciada el 29 de abril de 2026 por el fiscal federal Jay Clayton y autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
De acuerdo con el expediente estadounidense, los diez señalados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, facilitando sus operaciones criminales a cambio de sobornos y respaldo político.
Las autoridades norteamericanas sostienen que los funcionarios presuntamente utilizaron sus posiciones de poder para proteger a integrantes de la organización delictiva, proporcionar información confidencial sobre operativos de seguridad y permitir el traslado de importantes cargamentos de drogas hacia territorio estadounidense.
Entre las sustancias mencionadas en la acusación figuran fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
DIEZ PERSONAS EN EL EXPEDIENTE
Además de Rubén Rocha Moya, aparecen Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como El Cholo; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito.
El documento judicial describe una presunta estructura de protección institucional que habría permitido al grupo criminal operar con mayor libertad en Sinaloa.
POSIBLES PENAS DE HASTA CADENA PERPETUA
La gravedad de los cargos resulta particularmente significativa. El Departamento de Justicia informó que varios de los delitos imputados contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, en caso de que los acusados sean declarados culpables.
En el caso de Juan Valenzuela Millán también se incluyen acusaciones relacionadas con secuestros que habrían provocado la muerte de dos personas.
ROCHA MOYA RECHAZA LAS ACUSACIONES
Rubén Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que carecen de veracidad y fundamento. También sostuvo que el caso representa un ataque político contra su persona y el movimiento de la Cuarta Transformación.
Pero, el expediente ha colocado al gobierno mexicano ante un delicado escenario diplomático y judicial, particularmente por las exigencias estadounidenses de cooperación para llevar a los señalados ante la justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía nacional y ha señalado que cualquier procedimiento de esta naturaleza debe sustentarse en pruebas y respetar los mecanismos legales correspondientes.
UN CASO QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS
La acusación representa uno de los episodios más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues coloca bajo la lupa internacional a funcionarios de alto nivel y vuelve a poner sobre la mesa el problema de la presunta infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.
El proceso también abre interrogantes sobre el alcance de las investigaciones estadounidenses, la respuesta de las autoridades mexicanas y las consecuencias políticas que podría tener este expediente.
Por ahora, es importante subrayar que se trata de acusaciones judiciales y no de sentencias condenatorias. Todos los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no se demuestre legalmente su responsabilidad.
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