La defensa de la reforma judicial impulsada por Morena provoca un severo cuestionamiento internacional sobre la independencia de los tribunales mexicanos.
México enfrenta un nuevo revés en el escenario internacional, esta vez en materia de justicia. La Unión Internacional de Magistrados (UIM) decidió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), luego de cuestionar su respaldo a la controvertida reforma judicial que abrió la puerta a la elección popular de jueces y magistrados.
La resolución, adoptada durante una asamblea internacional, representa un duro golpe institucional para la representación de los tribunales superiores de justicia mexicanos y reaviva el debate sobre la autonomía del Poder Judicial frente al poder político.
La votación fue contundente: 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones.
El fondo del conflicto no es menor. La Unión Internacional de Magistrados considera que la independencia judicial constituye una condición indispensable para garantizar una justicia imparcial, libre de presiones políticas y sustentada en la preparación, experiencia y trayectoria profesional de quienes imparten justicia.
La postura de la CONATRIB, encabezada por Rafael Guerra, en defensa de la reforma judicial mexicana no logró convencer a la mayoría de los integrantes del organismo internacional.
UNA ADVERTENCIA QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS
La decisión coloca nuevamente bajo el escrutinio internacional el modelo judicial promovido originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El cuestionamiento central es si la elección de juzgadores mediante el voto popular fortalece la democracia o, por el contrario, abre espacios para que los intereses partidistas y políticos influyan en la impartición de justicia.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) celebró la determinación y consideró que constituye un reconocimiento a la importancia de defender la independencia judicial.
EL COSTO INSTITUCIONAL PARA MÉXICO
Más allá de las diferencias políticas internas, la expulsión representa un episodio delicado para la imagen de las instituciones judiciales mexicanas ante la comunidad internacional.
La justicia no puede convertirse en instrumento de ningún partido ni estar subordinada a los intereses del gobierno en turno. Su credibilidad depende de la autonomía, la imparcialidad y el respeto al Estado de derecho.
La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿qué consecuencias tendrá este aislamiento institucional para la confianza internacional en la justicia mexicana?
México necesita instituciones fuertes, no tribunales cuestionados por su cercanía con el poder político.
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