CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ya puede ir tras "empresarios" que indebidamente "compraron bonos" sin respaldo con 800 millones de pesos de la extinta Segalmex.
Son chiapanecos René Dávila de la Vega e su hijo, René Dávila Díaz, ambos perdieron la última oportunidad que tenían para eliminar 15 pruebas que la FGR ya tiene y los llevará a juicio por invertir recursos públicos en Bonos de Deuda, emitidos por una casa de bolsa, con la promesa de que se les devolverían con rendimientos anuales del 11 por ciento, pero lo cierto es que estaban respaldados con fideicomisos pero vacíos, constituidos previamente por empresas de Dávila, sin la autorización legal de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Se conoció que no sólo serán procesados los altos mandos de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sino igualmente personajes externos que se confabularon en el presunto desvío y manejo irregular de recursos públicos.
Un tribunal confirmó la cancelación del Amparo promovido por los empresarios señalados oriundos de Chiapas. Así, no pudieron sacar del proceso siete testimonios, siete documentos y un peritaje aportados por la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Una de las pruebas destaca una opinión de delito elaborada por Hacienda, considerada clave para la acusación, pues concluye elementos para proceder contra los Dávila.
La resolución judicial establece que los empresarios sí podrán cuestionar esas pruebas, pero en etapa posterior, después de un eventual juicio y sentencia. Por ahora, los tribunales consideran que su utilización no es una violación a sus derechos fundamentales.
De acuerdo a investigación FGR, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), en la que los acusados son accionistas, recibió ilegalmente los 800 millones de pesos entre febrero de 2019 y junio de 2020 para adquirir los bonos.
El dinero salió de Segalmex después de que René Gavira Segreste, el entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, autorizara el uso de recursos públicos para adquirir certificados privados.
Según investigaron que , Segalmex transfirió los recursos a un "fideicomiso" el CIC/3050. Ahí el fideicomitente era Corafi, empresa en Chiapas, por lo que los recursos terminaron colocados en el mercado bursátil mediante certificados privados, una operación que ahora forma parte del expediente penal.
Aunque no se menciona al ex Presidente AMLO porque siempre minimizó esa enorme estafa a las arcas de la Nación mexicana y según de divulgó que "al final nadie se salva si colaboro en la estafa, sea quien sea".
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