"Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación," afirmó el Alto Comisionado.
Según declaraciones oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Esta cifra incluye la detención arbitraria de manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.
En la mayoría de los casos documentados por ONU Derechos Humanos, no se ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas.
"Pido la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para todas las personas detenidas", dijo el Alto Comisionado.
"El uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los ataques contra manifestantes por parte de personas armadas que apoyan al gobierno, algunos de los cuales resultaron en muertes, no deben repetirse."
También ha habido informes de actos de violencia contra funcionarios y edificios públicos por parte de algunos manifestantes. La violencia nunca es la respuesta, resaltó el Alto Comisionado.
"Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido proceso y los juicios justos", ha manifestado Türk.
Al parecer, en las redes sociales circulan listas de personas buscadas por presuntamente promover la violencia, incluyendo miembros de la oposición y periodistas. Hay también llamamientos de las autoridades para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión.
El Ato Comisionado también expresó su preocupación por la posible adopción del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, así como el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país – en el interés de la cohesión social y el futuro del país,” afirmó Türk. "También me preocupa que a algunas personas se les haya cancelado el pasaporte, lo que parece ser un acto de represalia por su trabajo legítimo en el país. Todo esto está exacerbando las tensiones y fragmentando aún más el tejido social de Venezuela".
"La comunidad internacional tiene un papel fundamental para promover un diálogo inclusivo, con los derechos humanos de todos los venezolanos en el centro. Como siempre, mi Oficina está dispuesta a apoyar", añadió el Alto Comisionado.
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