- La presidenta de la Mesa Directiva de la Permanente, Ana Lilia Rivera, aseguró que esta medida es contraria a los principios fundamentales del derecho internacional
En un pronunciamiento al que dio lectura la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, esta instancia del Congreso aseguró que mantener a ese país en dicha lista es “una medida contraria a los principios fundamentales del derecho internacional, incluidos el de no intervención de los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de los conflictos y asuntos internos y la igualdad jurídica de los Estados”.
La senadora informó a la Asamblea de los antecedentes de esta medida, tema que calificó como de “gran relevancia” en el contexto de las relaciones internacionales.
“La lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo es una designación oficial que emitió el gobierno de Estados Unidos, que gestionó el Departamento de Estado y que identifica a los países que se considera respaldan de manera sostenida actos de terrorismo internacional. Esta lista se estableció en 1979, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el terrorismo a nivel global”, señaló.
Recordó que cuando una nación es designada como “Estado Patrocinador del Terrorismo” se enfrenta a un conjunto de sanciones y restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que incluyen: sanciones económicas, que conllevan restricciones a la asistencia financiera de ese país, prohibiciones en la venta y exportación de armamento, así como limitaciones en transacciones financieras.
Además, continuó, contempla controles adicionales sobre las exportaciones que restringen la transferencia de bienes con potencial de uso dual, aplicables tanto en ámbitos civiles como militares.
También, estipula restricciones financieras que limitan las transacciones con entidades y personas del Estado designado, lo que dificulta su acceso a los mercados financieros internacionales. Prohibiciones en las exportaciones y ventas de defensa, que impiden a los Estados incluidos en la lista adquirir artículos de defensa de Estados Unidos, incluso, tecnología para su desarrollo y servicios relacionados.
Esta lista, mencionó, implica repercusiones diplomáticas que afectan las relaciones de Cuba con los Estados Unidos y complica las negociaciones y el diálogo bilateral.
“La inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo data de 1982, en el contexto de la Guerra Fría, cuando se le acusaba de apoyar a grupos insurgentes y movimientos armados en América Latina y África”.
Sin embargo, detalló la legisladora, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015, durante la administración del presidente Barack Obama, se inició un proceso de distensión que culminó con la remoción temporal de ese país de dicha lista en ese año, pero, en 2021, bajo la administración del presidente Donald Trump, Cuba fue reincorporada, bajo el argumento de su presunto apoyo a grupos armados en América Latina.
Resaltó que, por esta situación, Cuba enfrenta graves repercusiones económicas, financieras, comerciales y legales, lo que exacerba la escasez de alimentos, combustibles, medicinas y repuestos; además, dificulta su acceso a las tecnologías avanzadas, necesarias para su desarrollo.
“Organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, impiden a Cuba acceder a fondos para el desarrollo y le niegan la concesión de créditos”, señala el pronunciamiento.
Ana Lilia Rivera añadió que instituciones de terceros países se niegan a realizar transacciones financieras y a prestar servicios bancarios por temor a posibles sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
“En 2023, Estados Unidos y Cuba reanudaron su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Posteriormente, el 24 de mayo de 2024, Estados Unidos retiró a Cuba de la Lista de Países que No Cooperan Plenamente en la Lucha Antiterrorista, con lo que reconoció la plena cooperación de Cuba en este ámbito.
Estos dos hechos, señaló, deberían llevar a la consecuente exclusión de la República de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Su eliminación permitiría al país abordar con mayor eficacia los graves problemas humanitarios que experimenta, como la escasez de alimentos y medicinas, al tiempo que impulsaría su economía, lo que beneficiará a las familias cubanas.
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