Demandan en el Congreso política integral para prevenir delitos que afectan a pescadores ribereños

• Piden dar seguimiento oportuno a denuncias presentadas por robo de motores, lanchas y embarcaciones 

 

Debido a que la pesca es una de las actividades económicas prioritarias para el desarrollo del país, la Comisión Permanente solicitó al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Campeche que, en coordinación con las autoridades de seguridad pública a nivel municipal, definan una política integral de prevención de delitos, especialmente de aquellos que afectan el patrimonio de pescadores ribereños.  

 

También pidió a la Fiscalía General de ese estado que dé seguimiento oportuno a las investigaciones de las denuncias presentadas por los delitos de robo de las artes de pesca, motores, lanchas y embarcaciones, de los que han sido víctimas los pescadores ribereños de la entidad. 

 

Lo anterior, con la finalidad de recabar los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal, para que sean sancionados quien o quienes resulten responsables y hacer justicia a los pescadores víctimas de ese delito. 

 

Además, los legisladores recomendaron contemplar la participación del Instituto de Pesca y Acuacultura de Campeche en la implementación de la política integral de prevención, dentro de sus atribuciones y facultades legales. 

 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Tercera Comisión, diputada Carolina Viggiano Austria, mencionó que este asunto se estudió con responsabilidad por los y las legisladoras, quienes consideraron que la pesca contribuye al desarrollo de nuestro país, porque genera empleos y alimentos, lo que favorece al bienestar de las familias que dependen de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

Al hablar a favor del dictamen, el senador Manuel Añorve Baños indicó que la pesca ribereña es una de las actividades más importantes para los estados costeros, como es el caso de Guerrero, donde aproximadamente 20 mil personas se dedican a esta labor que genera alrededor de 100 mil empleos. 

 

Sin embargo, acusó que los pescadores enfrentan una serie de desafíos, que van desde la incertidumbre climática hasta las fluctuaciones de los precios del mercado y la inseguridad.  

 

Detalló que en los últimos años se ha desatado un incremento en los delitos de los pescadores ribereños, que ha ocasionado un impacto negativo en la actividad pesquera, porque han tenido que gastar más dinero en seguridad y reducir sus operaciones. 

 

“Este dictamen no sólo es un asunto de política, sino un llamado a la justicia social y económica, pues los pescadores ribereños, además de que sostienen a sus familias, también enriquecen nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra mesa”, añadió. 

 

Jorge Triana Tena, diputado del PAN, lamentó la situación de inseguridad que se registra en varios estados del país, mientras las autoridades emplean su tiempo en echarle la culpa al pasado, en lugar de cambiar la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”.