El Movimiento Nacional Taxista pide a SCJN derrumbar el mito del “servicio privado de transporte de pasajeros” en la nueva Ley General de Movilidad

* Están en contra de la iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial enviada al Congreso por el morenista Javier Ariel Hidalgo Ponce, con las palabras “servicio de transporte privado de pasajeros”, para darle entrada legal a las aplicaciones

Los integrantes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando les llegue la controversia en contra de la calificación que pretende realizar el partido MORENA en la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial presentada por Javier Ariel Hidalgo Ponce, derrumbe el mito sostenido por las empresas de aplicaciones que su servicio de transporte de pasajeros es privado, cuando clara y contundentemente prestan un servicio público que debe ser prestado mediante una concesión otorgada por las autoridades.

En rueda de prensa celebrada enfrente de la sede del Poder Judicial, el vocero de los taxistas, Ignacio Rodríguez Mejía recordó que la investigadora de la UNAM y el CIDE, Paola Sofía Vázquez Sánchez, en un foro del propio gobierno de la Ciudad de México, como funcionarios del departamento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, reconocieron que el servicio de estas aplicaciones cumple con las condiciones para ser considerado público.

El hecho que le pongan privado a un servicio a todas luces público no sólo pervierte los principios del Estado de Derecho, sino que le dan vuelta a un asunto que nos ha venido desangrando económicamente desde hace seis años, expresó Rodríguez Mejía, quien recordó que son alrededor de 600 mil las familias que han sufrido por el embate de las empresas extranjeras y han llegado a perder entre 40 y 50 por ciento de sus ingresos.

Bersaín Miranda Borrás, presidente nacional del MNT expresó durante la rueda de prensa celebrada en la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que “aquí únicamente están tratando de disfrazar un servicio que es público como privado sólo porque utilizan autos particulares; una trampa que han estado jugando tanto las empresas extranjeras como también las propias autoridades que se han estado prestando, producto de una corrupción que nos queda claro es la única razón para que sigan solapando un servicio al margen de la ley”.

Al querer introducir en la nueva ley las palabras “servicio de transporte privado de pasajeros”, abundó Ignacio Rodríguez, siguen permitiendo que venga una empresa extranjera que no invierte en el país, que paga un mínimo de impuestos sin generar riqueza para nuestra nación, y se lleva miles de millones de pesos al extranjero, en un contexto de crisis económica para nuestro México, alertó.

Por lo que los integrantes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) hicieron un atento y respetuoso llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se dejen corromper por el poder económico de las empresas transnacionales que ofrecen un servicio ilegal de transporte de pasajeros con autos particulares a través de aplicaciones y derrumben el mito sostenido por las aplicaciones extranjeras.

“Necesitamos que estén reguladas las empresas que prestan la plataforma del servicio”, expresó Francisco Caldera, representante de los taxistas del Aeropuerto de la Ciudad de México, porque “no puede haber mexicanos de dos clases, unos que cumplimos con la ley y otros que la violentan”.

Rodríguez Mejía recordó que las autoridades ejecutivas les dijeron que son los Ministros de la Suprema Corte quienes resolverán si el que se presta por aplicaciones es un servicio de transporte privado o público y por fueron a pedirles que cumplan con ese deber apegados a los principios de justicia y ética.

Sobre todo, ahora que enfrentan la creación de una nueva Ley, que no es otra cosa que “una treta mal armada, para pretender darle un carácter legal a algo que no lo tiene”. Agregó que van a abrir un diálogo institucional con la Cámara de Diputados a partir del 3 de diciembre y si no reciben una respuesta positiva, valorarán en asamblea nacional si presionan de otra forma como cercar el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Al respecto, Bersaín Miranda pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que “piensen bien en los efectos y consecuencias que van a tener para miles de operadores concesionarios y sus familias la respuesta que nos den. Nosotros jamás hemos pedido privilegios, únicamente pedimos y exigimos justicia para quienes estamos cumpliendo las exigencias que nos imponen las leyes y reglamentos que nos pide la autoridad. Si nosotros cumplimos, por qué hay excepciones para las empresas extranjeras”.