LA ICC MÉXICO Y LA SFP SE COMPROMETIERON A SEGUIR IMPULSANDO LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO

* La corrupción tiene un costo cercano al 10% del PIB en México y 5% a nivel global   La Cámara Internacional de Comercio Capítulo México (ICC por sus siglas en inglés) y el gobierno de la República a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se comprometieron este día durante la inauguración del III Congreso Internacional Contra la Corrupción a seguir impulsando la integridad empresarial y del sector público, como un mecanismo para disminuir la corrupción y la impunidad, los desafíos más grandes de la época. La invitada de honor, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, como el vicepresidente de la International Chamber of Commerce (ICC) en México, Claus Von Wobeser y el presidente de la Comisión Anticorrupción de la ICC México, Roberto Hernández García, coincidieron en que sólo se podrá vencer a la corrupción e impunidad con una lucha conjunta, un cambio de mentalidad y la utilización de herramientas donde ambas partes han aportado sus conocimientos y experiencias como el Padrón de Integridad Empresarial. Este padrón, dijo la titular de la SFP, contempla el reconocimiento de las empresas que cumplen con la Ley y toman medidas concretas para prevenir la corrupción. En él, las empresas deberán completar una serie de módulos en una plataforma electrónica, donde registrarán información de cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, así como políticas de integridad y responsabilidad con el medio ambiente, por mencionar algunas. Claus Von Wobeser, vicepresidente de ICC México expresó ante los asistentes al evento que un buen punto de partida para fortalecer la integridad de gobierno y empresas privadas en México lo constituye el primer paquete del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, anunciado ayer por el Presidente de la República, donde habrá una inversión cercana a los 43 mil millones de dólares en 147 proyectos para los próximos 5 años. El sector privado es la mitad del problema y debemos de combatir el mal desde adentro, fomentando que nuestras empresas y empresarios sean honestos, éticos y responsables, en un mundo que parece reconocer y premiar a los “más vivos” y “abusivos”, aseveró Roberto Hernández García, presidente de la Comisión Anticorrupción de la ICC, quien agregó que a sus 100 años, la ICC, ha demostrado no solo con palabras, sino con hechos, que está a favor de la integridad y preocupada de cómo hacer realidad los esfuerzos para fomentarla y exigirla, mediante sus múltiples actividades, publicaciones, y herramientas. La secretaria Sandoval Ballesteros recordó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada año se paga alrededor de un billón de dólares en sobornos y se calcula un robo de aproximadamente 2.6 billones de dólares anuales mediante actos de corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interno bruto mundial y si la corrupción fuera un país, sería el quinto más rico del mundo. Si bien es claro que la corrupción no ha terminado ni terminará en México, donde su costo se calcula cercano al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dijo Roberto Hernández, por lo que la ICC ha dado y dará lo mejor de los conocimientos y medios a su alcance para apoyar cualquier labor iniciada por la administración tendiente a prevenir, combatir, erradicar y sobre todo, sancionar la corrupción en la forma más enérgica y enfática posible. Claus Von Wobeser agregó que sólo un sistema económico con empresas íntegras, libre de corrupción, permitirá que todos sus participantes compitan en igualdad de condiciones por lo que sugirió que sería deseable establecer una serie de requisitos mínimos de planeación para cada proyecto de infraestructura antes de ser licitado cada contrato y hacerlo público mediante CompraNet, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas. Finalmente, la secretaria Irma Eréndira Sandoval, reconoció que el sector empresarial es un actor fundamental de la construcción de una nueva ética pública, en la relación Estado-sociedad y que dicha ética debe estar basada en el deber público y en la prevalencia del bienestar social, sobre cualquier otro interés particular.