Juvenicidio en Ayotzinapa

Por Héctor Medina Varalta

México despierta, tenemos que crecer. Si nosotros nos movemos, el gobierno va a caer. 

Levantémonos ahora, no dejemos de crecer, antes de que todo el pueblo vaya a desaparecer.  Estamos hartos, indignados,

y no vamos a perder. El vaso se derramó, esta gota ya cayó.

Estudiantes de la Preparatoria Núm. 6 de la UNAM

 

Guadalajara, Jalisco, enero de 2016. El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero tomaron camiones urbanos con el fin de trasladarse a la ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, pero fueron interceptados por la muerte que circulaba en vehículos de la policía y del ejército. Los jóvenes secuestrados fueron entregados al narcogrupo Guerreros Unidos. Los sucesos de Ayotzinapa se inscriben en un marco definido por el Juvenicidio, proceso que implica una condición persistente que ha costado la vida de decenas de miles de jóvenes en México, a cientos de miles en América Latina y se ha extendido por Europa.

De acuerdo al catedrático e investigador José Manuel Valenzuela Arce, a partir de la supuesta guerra contra las drogas impulsadas por Felipe Calderón en México en diciembre de 2006, se incrementó la muerte artera e impune de decenas de miles de jóvenes, situación que evidencia la presencia de juvenicidios, que involucran a múltiples sectores sociales y enmarcan los cruentos sucesos de Iguala donde murieron 6 personas y 43 desaparecieron por elementos policiales con la complicidad de militares y funcionarios. Tras ser víctimas de desaparición forzada, los jóvenes fueron entregados al narcogrupo Guerreros Unidos, formación del crimen organizado vinculada al alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Pensar en los sucesos de Iguala, obliga a construir una reflexión amplia que nos permita entender la descomposición del Estado y cómo el llamado crimen organizado ha permeado una parte importante de las instituciones y de la vida social y que posee, en el Juvenicidio, una de sus consecuencias más dolorosas.

Matar sin mayores cargas emocionales

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero (una universidad a la que acuden principalmente estudiantes campesinos e indígenas pobres, tomaron camiones urbanos con el fin de trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, pero fueron asesinados por los susodichos arriba mencionados. Los sucesos de Ayotzinapa se inscriben en un marco definido por el Juvenicidio, proceso que implica una condición persistente que ha costado la vida de decenas de miles de jóvenes en México y a cientos de miles en América Latina. El Juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles (de manera especial de unos grupos y sectores), la banalización del mal, que alude al desdibujamiento de los referentes dicotómicos entre el bien y el mal, lo que permite a los asesinos matar sin mayores cargas emocionales, la adulteración del Estado y de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, la estratificación social basada en relaciones de subalternización, donde el orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de los grupos subalterizados a partir de ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos y una orden prohibicionista que, con el pretexto de combatir al llamado crimen organizado, ha funcionado como estrategia que limita los espacios spciales de libertad.

Política sistémica

En la FIL 2015, el ITESO, El Colegio de la Frontera Norte y NED Ediciones, presentaron el libro Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España, es un libro colectivo que coordina el maestro José Manuel Valenzuela Arce, escrito por un grupo de académicas, académicos e investigadores de distintas partes de América Latina y de España que han estado trabajando y pensando juntos durante mucho tiempo. Durante los últimos 5 o 6 años se ha hecho más evidente que hay un problema severo de violencia contra los jóvenes. Los jóvenes soy hoy en México, por citar nada más el caso mexicano, los principales victimarios y víctimas de la violencia letal o de la violencia homicida. Cuando sucede lo de Ayotzinapa encuentra a varios de los investigadores ya trabajando sobre este asunto; y lo de Ayotzinapa viene a significar un parte aguas, un antes y un después porque marca justamente como hay una política sistémica, por decirlo de alguna manera, que ha declarado la guerra contra los jóvenes y muchos de ellos en condiciones de pobreza, precariedad, exclusión social han sido o son pensados como vidas desechables. Por lo tanto, lo que este trabajo en equipo trata de hacer, colocando a Ayotzinapa al centro, reflexionar con lo que está sucediendo a los jóvenes centroamericanos, con los jóvenes colombianos, con los jóvenes brasileños, incluso con los jóvenes españoles.

Esfuerzo colectivo

El Juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para que puedan desarrollar proyectos viables de vida. Motivados por la necesidad de construir una plataforma reflexiva que acompañe la justa indignación que recorre diversos escenarios latinoamericanos caracterizados por el artero asesinato de personas que poseen identidades desacreditadas que les vuelven vulnerables frente a las fuerzas del Estado y frente a grupos paramilitares o del llamado crimen organizado, ofrecemos este trabajo colectivo con la intención de visibilizar la fuerte presencia del Juvenicidio, incrementado en las últimas décadas en América Latina dentro del marco del capitalismo neoliberal, cuya presencia se expresa de manera clara en los sucesos de Iguala, Guerrero, donde se cometió un crimen de lesa humanidad que ha provocado amplia solidaridad internacional.

Precariedad y vulnerabilidad juveniles

En esta obra colectiva incorporamos trabajos originales emanados de una necesidad compartida de generar marcos interpretativos desde los cuales darle sentido a la profunda indignación generada por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. En este esfuerzo colectivo se incorporan tres trabajos sobre el Juvenicidio en México, escritos por Rossana Reguillo, Maritza Urteaga y José Manuel Valenzuela; un texto que nos ayuda a entender el Juvenicidio en Centroamérica elaborado por Alfredo Nateras; otro texto que escudriña el tema de los falsos positivos en Colombia escrito por Germán Muñoz; un capítulo sobre el asesinato de niños y jóvenes afrobrasileños pobres en las favelas brasileñas que presenta Marisa Fefferman; la violencia contra las y los jóvenes en Argentina elaborado por Valeria Llobet y una reflexión sobre España sobre la violencia moral contra los jóvenes que escriben Carles Feixa, M. Ángels Cabasés y Agnés Pardell completan esta obra. El elemento común en todos estos trabajos se encuentran en la precariedad y vulnerabilidad de las y los jóvenes latinoamericanos, condiciones que se acentúan cuando la condición juvenil se encuentra asociada con otros repertorios identitarios como ser mujer, pobre, afrodescendiente o indio.

Violencia sistémica

En este siglo, los jóvenes fallecen no de muertes naturales sino asesinados, lo cual es una contradicción, pues se supone que los jóvenes no deberían de morir ni siquiera de muerte natural porque son jóvenes. Lo que estamos viendo en México alrededor del 55 por ciento de los homicidios o de las muertes violentas involucran a jóvenes menores de 25 años, con algunos datos aterradores con lo que está sucediendo en Chihuahua, Tamaulipas o en el propio Jalisco que en el 2012 ocupó el segundo lugar en Juvenicidio y la verdad es que se ha seguido agravando. En diciembre hubo cuatro jóvenes ejecutados entre los límites de Zapopan y Guadalajara; el mismo día de la presentación del libro ejecutaron a un joven de 25 años. Es decir, el tema es realmente complejo, grave y exige tanto de la sociedad como de las autoridades tomar cartas en el asunto. Existen varias cuestiones, la primera tiene que ver con un sistema que fomenta la acumulación de riqueza que expulsa a los jóvenes en condiciones de precariedad  a los márgenes de lo social, jóvenes que no tienen alternativa más que emigrar a los Estados Unidos en condiciones de mucho riesgo y además con muy pocas posibilidades de hacer una migración exitosa, de entrar al ejército, en las filas del narco o emplearse como esclavos en los campos tomateros, etcétera. Esa es una violencia sistémica, es una violencia estructural que explica luego las muertes físicas, en segundo lugar, indudablemente, los jóvenes por su fuerza, por su condición corporal, por su capacidad de vender riesgo o estar en las situaciones de riesgo, son sujetos ampliamente deseables para los grupos de la delincuencia organizada.

Estado adulterado o narcoestado

La política de la muerte, se refiere a hacer morir. Es un poder que se articula a la muerte como un principio ordenador como podemos ver en Victoria, Tamaulipas, donde los señores del narco y de la delincuencia organizada deciden quien vive y quien muere. El libro también aborda la situación de las mujeres, pero han aparecido como investigadores que el término Juvenicidio engloba tanto el asesinato de mujeres jóvenes como de varones jóvenes, indudablemente dialoga con el concepto de feminicidio, que es la explicación de un crimen por la condición; en el caso del feminicidio es un caso que se explica por la condición femenina.

José Manuel Valenzuela Arce, escribe que el Juvenicidio alude a la condición límite en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven. Sin embargo, los procesos sociales que derivan en la posibilidad de que miles de jóvenes sean asesinados, implica colocar estas muertes en escenarios sociales más amplios que incluyen procesos de precarización económica y social, la estigmatización y construcción de grupos, sectores o identidades juveniles desacreditadas, la banalización del mal o la fractura de los marcos axiológicos junto al descrédito de las instituciones y de las figuras emblemáticas de la probidad, la construcción de cuerpos-territorios juveniles como ámbitos privilegiados de la muerte, el narcomundo y el despliegue de corrupción impunidad, violencia y muerte que le acompaña y la condición cómplice de un Estado adulterado o narcoestado, concepto que alude a la imbricada relación entre fuerzas criminales que actúan dentro y fuera de las instituciones o, para plantearlo de manera más directa, dentro de un imbricado colaboracionismo entre figuras institucionales, empresarios y miembros del crimen organizado.  

Tlatelolco, 1968, más de 300 estudiantes y trabajadores asesinados

La masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, sigue sin ser esclarecida. Ese día miles de estudiantes y trabajadores se apostaron en la plaza de las Tres Culturas para protestar contra el gobierno. Las autoridades les respondieron disparándole. De acuerdo con el escritor Paco Ignacio Taibo II, “más de 15 mil balas fueron disparadas y más de 300 personas murieron, además de 700 heridos y miles de estudiantes detenidos.” El informe oficial, sin embargo, señala que “sólo fueron 40 muertos”.

Volviendo al caso Ayotzinapa, Maritza Urteaga comenta: Podría resultar claro que la desaparición forzada asume la misma gramática del rostro desollado de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado el 28 de octubre, un día después que se perpetró la desaparición de los 43 normalistas. Sin embargo, después del tiempo transcurrido la caligrafía carece de identidad entre ambas expresiones de violencia. La desaparición forzada resulta más un instrumento de violencia de Estado y la concatenación de hechos confunde aún más gobierno y organización delictiva.

Conforme al artículo II   de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, se considera desaparición forzada la privación de la libertada a una o más personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo, o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La desaparición forzada no sólo afecta a la víctima, sino también a su familia, a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Viola derechos civiles y humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en especial la dignidad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección jurídica, el derecho a conocer la verdad. Además el derecho a la protección y la asistencia a la familia, el derecho de un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud y el derecho a la educación. La desaparición forzada constituye un delito contra la humanidad compuesto y permanente que se prolonga cada día de desaparición, es imprescindible-sólo prescribe como tal, una vez dilucidado-, y supone la indefensión jurídica absoluta de las víctimas. La tipificación del delito de desaparición forzada surgió a través de las demandas presentadas a través de abusos cometidos por las dictaduras sudamericanas.